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Redacción Nacionales
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La organización Cristosal afirmó que la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Ruth López confirma la situación de grave riesgo para la vida e integridad personal de la abogada y defensora de derechos humanos, por lo tanto, pide el cumplimiento de la sentencia emitida por dicha instancia internacional.
“La defensora es víctima de una detención arbitraria y se encuentra en absoluta incomunicación, como parte de una política de persecución y criminalización promovida por el régimen de los hermanos Bukele contra personas defensoras de derechos humanos y voces críticas en El Salvador”, aseguró Cristosal.
La CIDH, importante órgano de protección de derechos humanos del hemisferio, determinó que la incomunicación impuesta a Ruth López constituye una condición cruel e inhumana que vulnera las garantías procesales de toda persona detenida, al mantenerla aislada del exterior, se le ha privado del contacto con el espacio cívico nacional y regional en el que participaba activamente, configurando un silenciamiento de su voz crítica.
Cristosal ha sostenido que la detención de Ruth fue arbitraria e injusta, el proceso penal en su contra ha estado plagado de violaciones a las garantías judiciales y se le niega su derecho a un juicio público y a participar activamente de su defensa, la incomunicación absoluta es una modalidad de tortura y ocasiona un grave riesgo de desaparición forzada.
Cristosal señaló que, en su resolución, la CIDH otorgó medidas cautelares a Ruth, y a la vez, reconoce la situación de gravedad y urgencia en que se encuentra la abogada, de enfrentar un daño irreparable a su vida, integridad personal y salud.
“Esta resolución también marca un precedente relevante para que el Estado ponga fin a la práctica de incomunicación total impuesta a personas privadas de libertad, así como al uso indebido de la prisión preventiva sin fundamentos legales suficientes; ambas prácticas, ilegales y sistemáticas, se aplican en el marco del régimen de excepción”, sostuvo Cristosal.
La CIDH pidió al gobierno de El Salvador adoptar medidas para proteger los derechos de la abogada López y garantizar condiciones de detención, de acuerdo con los estándares internacionales; además, cesar inmediatamente su situación de incomunicación.
Otras de las solicitudes de la Comisión es garantizar el contacto regular y el acceso de sus familiares y abogados; revisar la continuidad de la prisión preventiva, incluyendo la posibilidad de evaluar otras medidas sustitutivas.
La CIDH también emitió medidas cautelares para el abogado Enrique Anaya, pidiendo igualmente que cese inmediatamente su incomunicación y se revise la medida de prisión preventiva.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) demandó al Estado salvadoreño el cumplimiento inmediato de la resolución de la CIDH, e hizo un llamado a que la decisión del órgano internacional permita revisar y revocar la política de criminalización y detención arbitraria de personas defensoras de los derechos humanos, así como de otras voces críticas en el país.
