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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El juez Jorge Guzmán Urquilla, a cargo del Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, ante la negativa de ingreso al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el pasado 21 de septiembre, a la inspección de archivos militares relacionados a la Masacre de El Mozote, previamente coordinados con el compromiso de colaboración de los representantes del Gobierno, decidió reprogramar las diligencias judiciales para la segunda semana de octubre.
“La posición del ministro de la Defensa, René Merino Monroy, quien envió un informe y el presidente de la República, Nayib Bukele, al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, en donde le dicen que su posición es invariable y no va a permitir el ingreso de la comisión judicial a las instalaciones del archivo del Estado Mayor de la Fuerza Armada, una situación lamentable”, expresó Wilfredo Medrano, abogado de la parte Acusadora en el caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Con esta nueva disposición del Juzgado de Instrucción, en la causa penal (238/1990) conocida como la Masacre El Mozote y lugares aledaños, hay delitos que se le imputan a los generales José Guillermo García, Rafael Flores Lima, Juan Rafael Bustillo Toledo y otros militares, por perpetración de asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, violación de morada, robo, daños agravados, estragos especialmente sancionados, actos de terrorismo, actos preparatorios del terrorismo, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado, respectivamente.
La disposición del juez Guzmán Urquilla se da luego de los informes enviados por el ministro Merino Monroy, así como, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Tonathiu Castro, en representación del presidente de la República y comandante de la Fuerza Armada, Nayib Bukele.
Dichos informes, que fueron enviados de manera separada, añadió el juez, “poseen el mismo contenido” en que alegan que no puede “existir un acto de autoridad que contravenga el texto constitucional y los valores y principios que constituyen su trasfondo, pues todos los encargados de la creación de normas como los aplicadores de las mismas no pueden legislar y actuar sin límite alguno, desconociendo su freno natural y objetivo: la Constitución” (notificación del Tribunal).
Asimismo, establecen en sus escritos que la posición de la Fuerza Armada será “invariable” sobre cualquier otra inspección futura y alegando que han colaborado proporcionando información disponible que “gozan de presunción de veracidad”.
David Morales, de Cristosal, lamentó que el presidente Bukele y el ministro Merino Monroy, en el informe presentado que contiene el mismo texto y de solo una página, manifiesten su decisión de impedir las inspecciones en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
“Es lamentable -incluso- que adviertan que seguirán impidiendo inspecciones en el Estado Mayor. El Tribunal nos lo ha notificado, por lo tanto, suspende las inspecciones en el Estado Mayor y reprograma para el 12 de octubre la inspección que estaba prevista en la quinta semana del proceso de diligencias judiciales, que le corresponde a la Fuerza Aérea Salvadoreña”, indicó.
El próximo 12 de octubre, según lo notificado por el Tribunal, se intentará realizar la inspección en la FAES, al recordar que son seis unidades militares, con diferentes tipos de archivos, todos antiguos y sin nada que ponga en riesgo la seguridad nacional.
“Se trata del desafío y la desobediencia a una orden judicial de proteger criminales de guerra; es un delito, es el asesinato de mil personas, la mitad de ellos niños y niñas, que fueron asesinadas en las comunidades del Norte de Morazán.
Es una obligación del Estado
El caso El Mozote es fuerte a nivel de pruebas, tenemos prueba forense, hay restos de 400 personas; el 70 % de esos restos corresponde a niños y niñas menores de 12 años; existe abundante prueba testimonial, prueba documental, algunos archivos históricos del Batallón Atlacatl, que ellos mismos han informado durante el proceso y peritajes; por tanto, tengo la seguridad de que iremos a la etapa de juicio en pocos meses, pero es necesario agotar el proceso de las inspecciones para reunir más evidencia”, puntualizó Morales.
