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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Hace una década la aspiración de tener información de parte de las autoridades, era casi una ilusión; la fracción del FMLN a través de Gerson Martínez presentó la propuesta de convertir en obligación legal de todo funcionario informar de lo actuado; bajo un gobierno del FMLN se logró aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública y la exigencia de información se va convirtiendo en un concepto más extendido entre las y los salvadoreños.
Por eso la Asamblea Legislativa al aprobar los fondos extraordinarios para atender la pandemia por COVID-19 y sus efectos, más de tres mil millones de dólares; estableció la obligación del órgano Ejecutivo de informar sobre el uso que se daría a los fondos, algo que hasta hoy el Gobierno se niega a cumplir, pero que la ciudadanía, incluso quienes respaldan al presidente de la República, sostienen que debe informar sobre como ha gastado y está gastando el dinero que nuestro pueblo pagará por los siguientes 32 años.
La encuesta realizada por la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y publicada el jueves recién pasado recoge entre los hallazgos más reveladores, la exigencia de que el presidente rinda cuentas sobre como gasta el dinero en la pandemia. 72.3 % de los salvadoreños comparten esta exigencia, y esto es revelador de un paulatino cambio cultural de nuestra sociedad, la exigencia de que los funcionarios rindan cuentas.
El informe sobre la encuesta literalmente dice: “el 72.3 % de los encuestados indicó que el presidente sí debe presentar un informe detallado para explicar en qué y cómo se ha gastado el dinero para atender la pandemia por COVID-19, antes de solicitar a la Asamblea que se aprueben fondos adicionales. Un 27.7 % de la población señaló que ese informe no era necesario”.
Esta proporción de personas que comparten la necesidad de saber como se ha gastado el dinero del pueblo en atender la pandemia por el COVID-19, incluye por supuesto a quienes apoyan al presidente y su gobierno, pero indicaría que si esta exigencia legítima y necesaria sigue sin cumplirse o confirma los señalamientos de corrupción de los que se señala a muchos funcionarios del actual gobierno, esa confianza se reducirá o se perderá.
En esa encuesta también se recoge la caída de la popularidad del presidente en mas de 20 % en el lapso de un año, sin duda cuenta para muchos el comportamiento anti democrático exhibido por el president y su irrespeto a la división de poderes, a lo que hay que sumar los golpes recibidos por la gente en el mal manejo de la pandemia.
Es evidente la falta de transparencia del actual Gobierno, abundan los escándalos sobre las compras sobrevaloradas a empresas de las cuales son parte los amigos o los mismos funcionarios en las carteras de obras públicas, agricultura, hacienda y salud; los escándalos de pago de servicios de transporte sobre valorado, mientras se condena a la gente humilde a buscar a los pick up y camiones como alternativa para trasladarse a sus trabajos.
No basta que se sepan lo que quieren y que tengan el valor de hacer cosas, que en muchos casos son contraerías a la ley, como implícitamente lo asegura el ministro de trabajo; si en el pueblo existe respeto a la legalidad, conciencia de los derechos se sabrá juzgar la conducta impropia de los funcionarios. Es importante registrar por eso el avance en la exigencia de la ciudadanía para conocer el uso de los recursos públicos.
Este hallazgo importante revelado en la encuesta de la UCA, coincide con otros hechos que sin duda tendrán impacto en la opinión ciudadana y particularmente entre los seguidores del presidente Bukele, y es el uso de recursos públicos en la campaña interna del partido Nuevas Ideas, que a la luz de los resultados de las elecciones internas, se reafirma por los propios integrantes o exintegrantes de ese partido.
Las autoridades obligadas al control, como la Corte de Cuentas deben investigar estas denuncias, pues se ha señalado que los paquetes de alimentos fueron usados para favorecer a las candidaturas preferidas por la dirección del partido NI. El tiempo ha puesto a la vista la esencia engañosa del Gobierno y solo una alta exigencia de transparencia y apego a la legalidad por parte de los funcionarios puede contener esa mala costumbre de engañar que se convierta en daño al pueblo, al patrimonio público y a sus posibilidades de resolver urgentes necesidades en favor de los más necesitados.
