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Por Ivan Couronne
Washington/AFP
En nombre de la seguridad de los estadounidenses y frente al bloqueo de las justicia, el presidente Donald Trump pretende continuar con su política de expulsar a clandestinos y rechazar a ciudadanos extranjeros procedentes de países considerados nidos de terroristas.
Después de que miles de personas se manifestaran en su contra en las principales ciudades de México, incluida la capital, la Casa Blanca confirmó el domingo su voluntad de acelerar la expulsión de los sin papeles.
«La represión contra los clandestinos criminales no es más que la aplicación de mi promesa de campaña», escribió el presidente estadounidense en Twitter.
«¡Los miembros de bandas, los traficantes de drogas y otros están siendo expulsados!», agregó.
Una gran operación de varios días bautizada como «Cross Check» permitió detener a cientos de clandestinos en varias ciudades grandes de Estados Unidos, en particular Los Ángeles (160 arrestos) y Nueva York (40, según una asociación).
Trump firmó un decreto a fines de enero que ordenaba a las autoridade fronterizas centrarse en las personas sin documentación legal que han delinquido o son sospechosas de haberlo hecho, una categoría mucho más amplia que la de expulsar a criminales y reincidentes, foco de la administración de Barack Obama.
Las autoridades insistieron el sábado en el carácter rutinario de estas operaciones, aunque la Casa Blanca afirmó el domingo que se trataba de una represión reforzada contra clandestinos.
«Bajo la orden del presidente, fueron lanzadas operaciones de control migratorio fuertemente ampliadas y más enérgicas», explicó Stephen Miller, consejero de Donald Trump, a la cadena Fox.
«Es cierto que las operaciones de ‘Cross Check’ son llevadas a cabo cada año. Pero, este año, tomamos medidas nuevas y más importantes para expulsar a los extranjeros delincuentes», precisó.
Varios demócratas pidieron cuentas al gobierno, temiendo que los clandestinos sin antecedentes penales caigan en estas redadas.
El caso de una madre de familia en Phoenix (Arizona) expulsada a México cristalizó las preocupaciones de la izquierda y también de algunos de la derecha.
«Hay mucha preocupación en Arizona entre aquellos que vinieron ilegalmente pero no cometieron un delito grave», advirtió el senador republicano de ese estado Jeff Flake, subrayando que la solución sólo podría llegar con una gran reforma del sistema de inmigración en el Congreso.
¿Nuevo decreto¿
La Casa Blanca envió el domingo un mensaje desafiante sobre el decreto antiinmigración suspendido por la justicia, dando a entender que Trump podría firmar en los próximos días una versión modificada de la medida inicial que resista esta vez al examen de los tribunales.
La corte de apelaciones federal de San Francisco estimó el jueves que el gobierno no tiene una autoridad absoluta en el tema migratorio y que los derechos de los extranjeros con visas deben ser respetados.
El decreto del 27 de enero cierra las fronteras durante tres meses a los ciudadanos de siete países y durante cuatro meses a todos los refugiados.
Además, plantea la cuestión de una eventual discriminación religiosa en violación de la Constitución de Estados Unidos, dado que los siete países sobre los cuales pesa la prohibición son todos de mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen).
«Los jueces se apropiaron de un poder que le pertenece claramente al presidente de Estados Unidos», deploró Miller en el canal NBC.
«Ningún extranjero proveniente de Yemen o de otro lugar tiene derecho constitucional para entrar en nuestro país», aseguró, subrayando que los siete países fueron elegidos en base a su situación de seguridad.
«Siria es una zona devastada. Libia está en ruinas. Yemen se enfrenta al resurgimiento de un gran movimiento terrorista», justificó.
Trump mencionó el viernes la posibilidad de promulgar un nuevo decreto «quizás el lunes o el martes», una opción que seguía en la mesa de negociación el domingo.
La batalla puede en paralelo continuar en los tribunales, e incluso llegar a la Corte Suprema, según indicó Miller.
«Haremos todo lo que está en nuestro poder para proteger a nuestro país del terrorismo», dijo.
La línea dura defendida en las televisiones estadounidenses por el joven consejero de 31 años, arquitecto de la nueva política antiinmigración de la Casa Blanca, fue aplaudida por el mismo Trump, quien exclamó en Twitter: «¡Lindo trabajo!».
El tema debería figurar en la agenda del encuentro entre Trump y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el lunes en Washington.
Tras la publicación del decreto, Trudeau se desmarcó al declarar que las fronteras de Canadá están abiertas «a quienes huyen de la persecución, el terror y la guerra».
