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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la recién reforma del artículo 248 de la vigente Constitución, aprobada por los partidos del oficialismo en su última sesión plenaria, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) afirmó que se abre la puerta a la arbitrariedad, abuso del poder y busca fortalecer el poder absoluto.
“Las reformas constitucionales no deben tomarse a la ligera, dada su importancia y trascendencia, uno de los elementos que caracteriza la rigidez de la Carta Magna de El Salvador, es el proceso de control que existe entre dos composiciones legislativas y el control popular, una legislatura aprueba la reforma y otra la ratifica”, enfatizó FESPAD a través de un comunicado.
Entre la legislatura que aprueba y la otra a quien le corresponde ratificar debe mediar la voluntad popular, es decir, la participación del pueblo mediante el voto en elecciones legislativas.
Sostener que una sola conformación legislativa apruebe y ratifique una reforma constitucional supone “la incorporación de la rigidez constitucional como elemento de garantía”, es una actitud mendaz de los actores políticos.
“FESPAD rechaza vehementemente la reforma constitucional, pues violenta el mecanismo de reforma establecido actualmente y por ende resta poder a la población electoral”, expresa.
La legitimidad del soberano y su voluntad radicada en el aumento del quorum de votación, pues lo que se busca en la realidad es tener un camino ágil y expedito de reforma constitucional, pero al servicio de quién.
Con la reforma al artículo 248 se está eliminando la posibilidad de que la población pueda pronunciarse sobre cualquier propuesta de reforma, al elegir a la nueva Asamblea Legislativa que ratificaría o no la misma.
Asimismo, concentra el poder a un reducido número de actores políticos y elimina la posibilidad de que la población participe mediante los mecanismos instituidos. A criterio de FESPAD, la narrativa política del momento pretende justificar la reforma aludiendo que busca proteger a la Constitución, sin embargo, en realidad, constituye una acción que propicia el más alto nivel de control político del Estado, superior a todas las acciones registradas desde el 2019 con ese mismo propósito.
“Que una sola legislatura apruebe y ratifique reformas constitucionales es banalizar la ley máxima del Estado, es someterla a las veleidades del poder total, para fortalecerlo en detrimento de los derechos del pueblo, de la institucionalidad del Estado y de la endeble democracia que teníamos en construcción”, indicó la organización.
La Constitución de la República de 1983 tuvo falencias y debilidades como cualquier instrumento jurídico, aunque ha sido una herramienta útil en las luchas del pueblo salvadoreño, en defensa de sus derechos civiles y políticos, así como en la construcción y apropiación de sus derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, es innegable que ha sido producto de los avances históricos que se tenían a la fecha en la materia.
A la vez, ha sido el marco jurídico que abrió la puerta al inicio de la construcción de la democracia en El Salvador, la cual comenzó a fortalecerse a partir de1992, con la separación de poderes como su pilar fundamental.
Además, generó apertura para promover la independencia
judicial, las garantías del debido proceso y un proceso lento de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
La Constitución abrió la posibilidad de que el pueblo pobre emprendiera la defensa de sus derechos humanos, estableciendo límites al poder del Estado. Desde 1971 las constituciones de El Salvador han adoptado un grado de rigidez para su reforma, con el propósito de proteger la organización socio política de un período dado, sin perder la capacidad de adaptación y actualización según las necesidades.
FESPAD recalcó que su misión es defender la Constitución, su historia y hechos dicen que ha sabido cumplir el cometido, promoviendo su estudio y exigiendo el cumplimiento de la ley.
