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Oscar López
@Oscar_DCL
Partidos de derecha política aprobaron el Presupuesto General de la Nación para el 2020, el cual establece reducción a las asignaciones presupuestarias a algunas Carteras de Estado, entre ellas el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Ante esta situación, la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) denunció que, con dicha reducción se verán afectados al menos 26,000 pequeños agricultores y agricultores de subsistencia.
“El recorte al presupuesto de Paquetes Agrícolas le quitan un millón 550 mil dólares, equivalentes a un promedio de 26,000 paquetes que se dejarán de repartir a los productores de subsistencia. En la pasada campaña electoral, activistas de Nayib Bukele se desplegaron en las zonas rurales para pedir el voto, ofreciendo a los campesinos la duplicación de sacos de fertilizantes”, aseguró Edgardo Roque, presidente del Comité Nacional de Jóvenes de CONFRAS.
Ángel Coto, presidente del Consejo de Administración de CONFRAS indicó: “En el 2019, el monto que tenía el Ministerio de Agricultura era de $66.6 millones y ahora solo tiene $63.3 millones, bajó $3.3 millones. El presupuesto para la compra de semilla certificada de maíz y semilla mejorada de frijol bajó en $1.5 millones; es decir, se van a quedar 26,000 campesinos sin el paquete agrícola que recibieron este año”.
CONFRAS sostiene que con la medida se afecta directamente a productores de subsistencia; es decir, a quienes cultivan pequeñas cantidades de tierra para garantizar la alimentación de sus familias. “En el territorio rural tendrá un impacto porque 26,000 familias dejarán de recibir este pequeño subsidio que en algo ayudaba al productor”, dijo.
De igual forma, Coto denunció que el Gobierno pretende quitarle a los agricultores la producción de semilla certificada de maíz y semilla mejorada de frijol, para comprar el producto a una empresa transnacional.
“Están buscando quitar esa producción de semillas a nuestros campesinos y beneficiar a una transnacional, eso es sumamente complejo porque cada cooperativa que produce semilla certificada genera al menos 500 empleos, y si esta producción se la dan a una transnacional, se perdería un fuente de empleo en el territorio, no es cierto que hayan políticas para favorecer al sector agropecuario”, enfatizó Coto.
