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Quito / Prensa Latina
El Consejo de Protección de Derechos de Quito rechazó hoy los incidentes de violencia policial registrados durante las jornadas de manifestaciones desarrolladas en Ecuador contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno.
En un comunicado, la instancia advirtió que ni la vigencia del estado de excepción nacional, decretado el pasado 3 de octubre, justifica eventos documentados como el uso de armamento prohibido e instrumentos para atropellamiento directo (principalmente caballos y motocicletas), de bombas lacrimógenas espiraladas y balas de goma contra los manifestantes.
Asimismo, criticó además la utilización de tanquetas diseñadas para conflictos bélicos con mensajes atemorizantes que, a su juicio, causan pánico, así como de disparos de gases y exhibición de instrumentos de tortura, entre otros.
‘Estos hechos violentos no pueden ser tolerados bajo ningún justificativo por su grave implicación en materia de derechos humanos’, aseguró el Consejo.
La denuncia también hace referencia a registros de hostigamientos policiales, incluso a personas que no eran parte de las protestas. Nos indigna -y descalifica totalmente a la fuerza pública? los golpes y las acciones de asfixiamiento contra niños y niñas, actos que están documentados en filmaciones.
El ente también expresó preocupación por la falta de cifras oficiales, por parte del gobierno, sobre el número y condición de personas heridas como resultado de los enfrentamientos durante las movilizaciones iniciadas el 3 de octubre, contra medidas económicas consideradas como un paquetazo por varios sectores de la sociedad.
‘El gobierno nacional solo habló de investigar las agresiones contra periodistas en el primer día del paro, pero lo mismo debería hacerse sobre los actos que han afectado a cientos de personas civiles, principalmente a jóvenes y adolescentes’, alertó el Consejo.
Entre otras irregularidades, el texto menciona además a los detenidos, que cifra en más de 160 y a muchos de los cuales, reveló, se les ha vulnerado el debido proceso.
Frente a lo expuesto, el Consejo insistió en demandar al gobierno levantar la medida de excepción a nivel nacional, ordenar a la fuerza pública dejar de actuar con violencia, liberar a las personas detenidas y establecer procesos de investigación de los hechos, incluso de los considerados como delitos cometidos por la fuerza pública.
‘De continuar esta escalada de violencia, responsabilizamos a las autoridades correspondientes, a la policía y al ejército de éstas y futuras acciones que se sucedan en contra de la integridad, la vida y demás derechos humanos’, advirtió.
