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Saúl Méndez
Colaborador
El pasado jueves 26 de febrero, una comitiva de comunicadores salvadoreños visitó el complejo de la mina Era Dorada, antes conocida como Cerro Blanco, para constatar la reactivación del proyecto subterráneo que, según ambientalistas, representa una amenaza para la seguridad hídrica de El Salvador. Aunque la mina está ubicada en Guatemala, a unos diez kilómetros de la frontera salvadoreña, en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, su impacto podría trascender hasta alcanzar el territorio salvadoreño.
Ambientalistas denunciaron que la empresa Aura Minerals Inc., nueva propietaria del proyecto, ya estaría generando impactos a través de desechos sólidos que alcanzan el río Ostúa, afluente del lago de Güija, afectando la calidad de sus aguas.
El lago de Güija es un cuerpo de agua binacional: dos terceras partes pertenecen a El Salvador y una tercera parte a Guatemala.
Además, el lago está conectado con el río Lempa por medio del río Guajoyo. Por ello, advierten que la contaminación generada por la mina en Guatemala podría llegar hasta el río Lempa y acelerar el deterioro del principal afluente salvadoreño.
Durante el programa ‘Café con PA’IS’, el periodista Leonel Herrera, integrante de la comitiva que recorrió la zona del proyecto, calificó la situación como una amenaza grave.
“Del río Lempa proviene el 70 % del agua que abastece al Área Metropolitana de San Salvador. También es clave para la generación de energía: al menos el 33 % de la electricidad del país es producida por cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en su cauce”, explicó.
A ello se suma su relevancia para la agricultura, la pesca y el turismo en decenas de distritos de varios departamentos, agregó.
“En otras palabras, no se puede pensar El Salvador sin el río Lempa. Ante cualquier amenaza, deberían activarse todas las alertas ambientales. El principal río del país está seriamente amenazado”, advirtió Herrera.
Herrera recordó que el proyecto había sido detenido debido a una inviabilidad técnica, luego de que durante la construcción de los túneles se encontraran aguas termales que impedían la explotación de los minerales. Durante años, la empresa intentó resolver ese obstáculo, lo que mantuvo paralizada la iniciativa.
“Sin embargo, ahora el proyecto se está reactivando. Incluso, se intentó dialogar con el alcalde, quien otorgó un permiso de construcción que la empresa minera utiliza para retomar operaciones”, señaló.
“Esto representa una amenaza significativa para El Salvador. Además, el país ha perdido fuerza moral para reclamar a Guatemala. Mientras estuvo vigente la prohibición de la minería metálica, El Salvador podía argumentar que había adoptado esa medida para proteger sus recursos hídricos y evitar la contaminación del río Lempa, y exigir a los países vecinos que hicieran lo mismo en zonas fronterizas”, sostuvo.
No obstante, la ley que prohibía la minería fue derogada en 2024 y el oficialismo aprobó una nueva normativa que permite reactivar proyectos mineros. “En ese contexto, es más difícil exigir a Guatemala que detenga iniciativas que podrían afectarnos. De hecho, el alcalde de Asunción Mita señaló que, si El Salvador reactivó la minería, no entiende por qué se le reclama a su municipio”, reveló.
Organizaciones ambientalistas sostienen que la minería metálica constituye una amenaza existencial para El Salvador. Movimientos sociales coinciden en que el país no sería viable con este tipo de actividad extractiva. Diversos estudios científicos concluyen que la minería metálica no es compatible con las condiciones territoriales y ambientales del país.
“Los posibles beneficios económicos no compensarían los enormes costos ambientales: mayor escasez de agua, destrucción de ecosistemas, generación de enfermedades graves y riesgos para la vida de las actuales y futuras generaciones”, expresó Herrera.
“El Salvador es un territorio pequeño y densamente poblado. A diferencia de otros países donde los proyectos mineros se ubican en zonas remotas o ‘zonas de sacrificio’, aquí las explotaciones estarían prácticamente sobre las comunidades”, advirtió.
Asimismo, señaló que el país ya enfrenta un alto deterioro ecológico y una creciente crisis hídrica, por lo que la minería representaría un golpe definitivo en materia ambiental.
“Si se considera que muchos proyectos mineros están ubicados sobre la cuenca del río Lempa, la iniciativa resulta aún más preocupante. Impulsar la minería en estas condiciones es, para muchos sectores, un contrasentido”, afirmó.
“En el pasado, esta preocupación generó un amplio consenso nacional a favor de la prohibición. Desde organizaciones ambientalistas hasta líderes religiosos de distintas corrientes ideológicas coincidieron en la necesidad de vetar la minería metálica en el país”, recordó.
“Entre esos sectores hubo una diversidad de actores que respaldaron la prohibición como una medida de protección ambiental y de supervivencia nacional”, concluyó.
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