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Quitan fondos a Educación, Salud y UES para que Hacienda atienda “obligaciones generales”

Por Alessia Genoves
Samuel Amaya
@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó, con 65 votos, una reforma al Presupuesto General de la Nación 2023 para reorientar $108,011,560 que estaban destinados a 16 instituciones públicas, con el fin de reforzar el presupuesto del Ministerio de Hacienda para atender obligaciones generales del Estado. Esta medida fue aprobada con dispensa de trámite, durante la Sesión Plenaria.

La medida fue criticada por diputados de oposición, quienes señalaron los impactos negativos en áreas sensibles como educación, salud y la Universidad de El Salvador. Los montos sustraídos a Educación y Salud representan el 4.2% y 0.6%, respectivamente, de sus presupuestos totales vigentes, que alcanzan los $1,452 millones y $1,153 millones, según cifras del Portal de Transparencia.

Redistribución de fondos

El proyecto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo plantea quitarle fondos a instituciones como la Corte de Cuentas, por un monto de $420,000. A Presidencia se le sustraen $1,179,485. A la Defensa Nacional se le sustraen $645,285. A la Fiscalía General de la República se le sustraen $501,665.

También, de la Procuraduría General sustraen $1 millón, del Ramo de Gobernación sustraen $1,662,655, y del Ramo de Justicia y Seguridad Pública sustraen $14,066,601. Del presupuesto del Ramo de Educación se sustraen $60,475,621. Del presupuesto de Salud se le sustraen $7,400,000, del Ramos de Trabajo sustraen $1,290,000, del Ramo de Cultura sustraen $1,953,603, del Ramo de Vivienda sustraen $952,955, del Ramo de Desarrollo Local sustraen $10,908,705, del Ramo de Agricultura se sustraen $3,197,935, del Ramo de Medio Ambiente sustraen $357,050, del Ramo de Turismo se sustraen $2 millones.

También se le se les sustraen a las instituciones descentralizadas no empresariales: al Instituto Nacional de los Deportes (Indes) con $413,000 al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer $766,485 a la Academia Nacional de Seguridad Pública $300,000, a la Universidad de El Salvador $1 millón, al Consejo Nacional de la Primera Infancia Niñez y Adolescencia $7,502,705 a la Corporación Salvadoreña de Turismo $1 millón; de esta forma o mejor dicho de estos fondos sustraídos, el Ramo de Hacienda podrá “Atender obligaciones generales del Estado y otros compromisos”.

 

Controversias

La medida fue criticada por diputados de oposición. La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, rechazó que se le quitará $60 millones al Ministerio de Educación y $7 millones al Ministerio de Salud, sin que se especifique el uso final de esos fondos.

La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Dina Argueta, calificó la reforma como una “aberración” y una “grave injusticia social” al sustraer fondos de áreas prioritarias. La oficialista, Suecy Callejas, justificó el proyecto al señalar que el dinero regresará “al fondo general de la nación” y posteriormente el Ejecutivo pedirá una nueva asignación específica de esos $108 millones, que según Hacienda son necesarios para obligaciones del Estado, sin especificar en qué consisten esas “obligaciones del Estado”.

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