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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
El ataque que el pasado sábado 3 de enero asestó EU contra Venezuela, no solo supuso un ataque ilegal contra un país soberano, el asesinato de alrededor de un centenar de ciudadanos venezolanos, 96 de los cuales eran civiles que dormían en sus hogares cuando los estadounidenses atacaron alevosa y cobardemente el territorio venezolano, y los restantes operarios de las fuerzas armadas que se encontraban en sus guarniciones.
Supuso además de la destrucción de viviendas de centenares de civiles e instalaciones militares, la de una central eléctrica y de un hospital que atendía a infantes más su anexo, dedicado a diálisis de la población civil.
Sin embargo, el efecto real ulterior de estos ataques va más allá del asesinato de un centenar de ciudadanos venezolanos y la destrucción de la infraestructura alcanzada; ha sido la destrucción del orden legal internacional, el completo menosprecio de la propia legislación estadounidense, y la consecuente supresión de las garantías de soberanía y legalidad que hasta ahora conformaron el sustento del orden internacional.
En el momento mismo en que realizamos esta delación, en la mayoría de naciones, también las que le son vasallas sumisas a EU, las poblaciones se arremolinan reclamando a sus gobiernos por la alineación con la herencia civilizatoria de Westfalia, que por dos siglos permitiera la connivencia internacional, reclamando el rechazo del discurso de imposición de reglas estadounidense, en un movimiento que se crece gradualmente de frente a la tibieza conque la región respondiera diplomáticamente a este acto de terrorismo puro, pero que se tradujo en que la práctica totalidad de naciones del orbe, menos 7, demandaran la liberación del ejecutivo venezolano secuestrado y su señora esposa, a la que se sumó también el Vaticano, que el domingo 4 demando el respeto a la soberanía venezolana.
Todo esto mientras EU amenazó en el marco de esos ataques, a Méjico, Colombia y Cuba, contra quienes señala también que son corresponsables del tráfico de drogas que va a EU.
Debemos en este punto recordar, que si bien los carteles hacia el sur del río Bravo son responsables de mover ingentes cantidades de droga, estos fueron gestados por los gobiernos de los presidentes Nixon y Reagan, quienes instrumentalizaron y organizaron la producción de coca para inundar a EU con droga y manipular sus beneficios para financiar sus guerras sucias, primero contra Vietnam y Laos, y luego contra Irán y Nicaragua, por lo que esas organizaciones son en realidad un subproducto de los intereses estadounidenses, que en su día permitiera agredir a las naciones señaladas, que ahora es comercializada en los territorios de EU por carteles constituidos por militares, policías, la banca, y el aparato judicial estadounidense, lo que está ampliamente demostrado por diversas investigaciones, por lo que el supuesto alegado de la persecución del tráfico es solo otra falacia.
Así, asistimos entonces al nacimiento de la era de la brutalidad, que acabó en medio de disparos con lo que quedaba de la ficción de legalidad internacional.
