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Por Leonel Herrera*
Hace un siglo, el célebre filósofo y dirigente comunista italiano Antonio Gramsci advertía que “cuando un régimen autoritario pierde el consenso, recurre a la represión violenta”. Es decir: cuando ya no puede imponerse a través de la persuasión, recurre a la represión abierta.
Eso ha empezado a suceder con Nayib Bukele: baja su popularidad, la propaganda pierde efectividad y, entonces, opta por la represión descarada. Esto explica la brutal represión contra la Cooperativa El Bosque, la captura arbitraria de la abogada Ruth Eleonora López y el eventual cierre masivo de ONGs con la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).
Dicho esto, se puede definir a la autocracia bukeliana como un régimen autoritario y dictatorial consolidado, pero con claras señales de pérdida de legitimidad y debilitamiento de su hegemonía política. Cinco hechos lo confirman de manera contundente:
El primero es la caída estrepitosa de la imagen internacional de Bukele. El autócrata salvadoreño quiso ser admirado en el mundo como una celebridad política, un presidente “cool” y un líder innovador, audaz y visionario; y con ese afán gastó millones de dólares de fondos públicos en publicidad de redes sociales y medios de comunicación en varios países.
Sin embargo, su imagen empezó a caer con las denuncias sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción. Estas denuncias resonaron en diversos medios internacionales, en instancias como la ONU, la CIDH, el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Europeo; y en organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, WOLA, entre otras.
La caída de imagen se aceleró con la comparecencia con Donald Trump en la Casa Blanca, el escándalo del secuestro de migrantes venezolanos y salvadoreños en el CECOT y las nuevas revelaciones del periódico digital El Faro sobre las negociaciones de Bukele con las maras. A esto se suma ahora la detención de Ruth López y la aprobación de la LAEX.
El segundo es el creciente descontento en diversos sectores sociales. Estos descontentos no se expresan abiertamente debido al clima de miedo instaurado con el régimen de excepción y los “castigos ejemplarizantes” orientados a intimidar a la población (asesinato de Alejandro Muyshondt, captura de transportistas, etc.); sin embargo, se van acumulando y empiezan a reflejarse en las encuestas.
Sondeos de opinión recientes revelan una caída de la popularidad de Bukele de no menos de 20 puntos porcentuales, cayendo a un 55% su respaldo popular, muy abajo de los altísimos niveles de aprobación del 80 ó 90% de los que tanto se jactaba.
Esta caída se debe a la decisión de reactivar la minería metálica, al escándalo de los migrantes en el CECOT, al deterioro de las condiciones económicas de la mayoría de la población, al despojo de tierras y al desastre en la obra vial de Los Chorros. Particularmente creciente es el rechazo a la minería y la percepción de que la relación de Bukele con Trump no beneficia al país.
El tercero es la pérdida de control de varias narrativas. A pesar de su experticia comunicacional y el gigantesco aparato propagandístico (canal de televisión, radios, periódico, “granjas de troles” y redes de influencers, youtubers, etc.), la dictadura ha perdido el control discursivo sobre minería, migración, temas económicos y otros.
El único relato gubernamental que sigue fuerte es la seguridad pública; pero también se está agotando. La gente no sólo quiere seguridad, sino también trabajo, salarios dignos, precios bajos, agua potable, salud, educación, pensiones, vivienda, caminos vecinales, etc. La población también reclama seguridad laboral, alimentaria y social.
El cuarto es la falta de propuestas. Bukele ya no tiene qué ofrecer después de tantas promesas incumplidas, tal como demostró en su más reciente transmisión propagandística donde repitió promesas como la de construir “dos escuelas por día”. Este gobierno ya se agotó, no tiene más que proponer: fracasó el Bitcoin, no vinieron las inversiones anunciadas y, aparte del crecimiento turístico, no hay nada.
Y el quinto es la pérdida de credibilidad. Las encuestas sugieren que menos gente cree en Bukele y muchos le creen menos. Esta pérdida de credibilidad se vio cuando la población rechazó la minería, a pesar de que el autócrata pidió confiar en él.
Para enfrentar esta situación de debilidad provocada por la caída de la imagen internacional, aumento del descontento nacional, pérdida de control de narrativas, falta de propuestas y pérdida de credibilidad, Bukele responde con estas acciones:
Primera: reforzar el control del aparato estatal (hechos sintomáticos de este proceso son el uso de la “Policía Militar” y la instrumentalización desvergonzada de la Policía Nacional Civil que actúa como brazo armado de Casa Presidencial o policía política de Bukele). Para un mayor control, se rumoran sendas reformas constitucionales para otorgar plenos poderes al presidente y un mayor dominio del Ejecutivo sobre los otros poderes estatales.
Segunda: mantener vigente en forma indefinida el régimen de excepción. El dictador necesita mantener suspendidas las garantías judiciales y derechos constitucionales para pasar por encima de la legalidad, el debido proceso y las instituciones; y para mandar a capturar a quien él quiera ver preso o muerto, para no rendir cuentas y para mantener a la gente con miedo.
Tercera; activar de manera más efectiva el aparato de propaganda e impulsar nuevas estrategias comunicacionales basadas en la desinformación y las posverdad. Así podría arreciar la descalificación y estigmatización, discursos de odio y acciones de “guerra sucia” contra ciudadanos críticos, disidentes políticas y periodistas independientes.
Cuarta: abandonar los mecanismos sutiles de represión y avanzar con la represión violenta: disolución de protestas pacíficas y capturas arbitrarias (como contra la Cooperativa El Bosque), mayor persecución, exilios forzados y -no habría que descartar- desapariciones y asesinatos.
Y quinta: implementar la Ley de Agentes Extranjeros. Esta normativa busca ser la estocada final contra ONGs críticas y medios independientes a los que el dictador responsabiliza por su “pérdida del consenso”; por tanto, lo que vendría es el cierre masivo de organizaciones que resultan incómodas por defender derechos humanos, denunciar injusticias, promover la transparencia y exigir democracia.
El nefasto objetivo de la LAEX lo confirman claramente las disposicioens que contiene: impuesto expropiatorio del 30% a la cooperación solidaria; y para las ONGS hay multas de 100,000 a 250,000 dólares, penas de cárcel de 5 a 15 años para sus miembros (si son condenados por “lavar dinero”) y cancelación de la personería jurídica.
También se confirma con el discurso criminalizador y el odio político con que Bukele y sus cómplices parlamentarios han justificado la ley, sobre todo el presidente legislativo Ernesto Castro. El principal lugarteniente del autócrata dijo claramente que la normativa recién aprobada es para las ONGS críticas de la dictadura bukelista.
El rumbo inmediato del país depende del curso de la presente coyuntura: si Bukele se impone nuevamente, el país se hundirá en una oscura etapa dictatorial que podría extenderse más de lo imaginable; pero si, por el contrario, la ciudadanía consciente actúa en el sentido correcto, el país aún tendrá esperanzas de una reconstrucción democrática en un futuro cercano.
Por eso es importante que las organizaciones ciudadanas y el movimiento social actúen de manera simultánea en estos tres ámbitos que he planteado en reuniones con organizaciones y en programas de análisis de la coyuntura.
En primer lugar, enfrentar valientemente la emergencia. Esto implica estrategias jurídicas, comunicacionales, de incidencia pública y de denuncia internacional conjuntas, en favor de todos los presos y presas políticas; planes de seguridad para evitar nuevas capturas; y revertir la LAEX.
Para esto último es fundamental que la comunidad internacional, especialmente la ONU, la Unión Europea, las embajadas amigas y las agencias de cooperación, actúen con decisión y firmeza; y que no repitan el error que cometieron en Nicaragua tolerando a la pareja dictatorial Ortega-Murillo una ley similar a la que el clan familiar Bukele impone ahora en El Salvador.
En segundo lugar, avanzar en la articulación de las organizaciones y la unidad del movimiento social. Si frente al zarpazo definitivo de la dictadura, las organizaciones y movimientos no se juntan, tendrán responsabilidad en lo que venga y la historia los juzgará. Es hora que las coincidencias unan, en vez de que las diferencias sigan separando.
Y, en tercer lugar, es urgente la construcción de una alternativa ciudadana frente al régimen dictatorial. Se puede iniciar con una agenda mínima compartida que apunte a la elaboración de una propuesta de país realmente democrático, justo, incluyente, equitativo, pacífico y sustentable; que se contraponga al proyecto autoritario, excluyente, corrupto e insostebible de Bukele y sus hermanos.
*Periodista, analista y activista social.
