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Iván Escobar
Colaborador
@DiarioCoLatino
La familia de Silverio Morales, un líder indígena y agricultor de la comunidad de Nahuizalco, departamento de Sonsonate, lamentó que a un año de cumplirse el régimen de Excepción, que mantiene el gobierno desde marzo de 2022, las comunidades indígenas y aquellas más pobres del país están enfrentando serios problemas en su lucha por lograr liberar a sus seres queridos que no tienen vinculación con los grupos delincuenciales.
Silverio ha mantenido una voz de denuncia desde el año pasado, cuando en noviembre su hijo Leví César Morales Ramírez y sus primos Samuel y Ramiro Morales fueron capturados por la policía, acusados de agrupaciones ilícitas. Ellos al igual que Silverio se dedican al cultivo de la jícama, y estaban haciendo labores de limpieza de sus productos cuando fueron capturados.
En un primer momento a Leví se le ha negado proceso judicial en libertad y lo tuvieron en Cárcel de Mujeres, luego en febrero de este año lo trasladaron al reclusorio de Izalco, Sonsonate, junto a sus parientes; pero también bajo este régimen han sido capturados: su hermana, que lleva 10 meses detenida y sin saber nada de ella, ni su condición de salud, sus dos pequeños hijos quedaron en manos de la abuela, quien está trabajando para darles sustento y cuido; el yerno de Silverio también fue capturado en junio del año pasado.
En total son cinco familiares capturados en el marco del Régimen, y por los cuales la familia Morales debe erogar alrededor de $100 dólares cada mes por cada uno, para garantizarles el paquete en el centro de retención. A esto se suma la agonía y preocupación que sufren por el hecho de que las autoridades no les dan ningún tipo de información sobre las condiciones de sus familiares.
Silverio advierte que las poblaciones originarias son las más afectadas en este régimen de excepción, y a un año de esta medida, afirma que él y su familia no están en contra del Gobierno ni las políticas que combaten la inseguridad, pero claman por los derechos de sus seres queridos, que enfatiza son inocentes y no saben por qué razón los capturaron. “Esta situación nos lleva a que suframos los impactos directos las personas más empobrecidas, nosotros los pueblos originarios”, precisó.
“Hoy, lo que quieren es que ya no se le compre el paquete, sino que se les haga depósito de fondos para que ellos (los detenidos) puedan comprar en las tiendas adentro”, indicó. Y dijo que ahora, el mayor temor es a la autoridad, “hemos perdido todos nuestros cultivos,…antes le teníamos miedo a las maras, ahora le tenemos miedo al ejército y a la policía”, señaló.
Manuel Fernández, en representación de la iglesia Luterana, la Oficina de JPIC El Salvador, Caminata Ecológica y la Federación de Pueblos Originarios del Sur, así como otros colectivos que velan por los derechos de las personas, manifestó su preocupación ante los casos de captura “de hermanos de las comunidades originarias” y que justamente algunos residen en lugares donde se impulsan “proyectos de desarrollo” considerados por las comunidades como “proyectos de muerte”.
Es decir, minería metálica, construcción de represas, proyectos de desarrollo turístico, urbanístico, entre otros, que precisamente están en lugares ancestrales. “Hay lugares donde no habían pandilleros, y se han dado capturas, esos casos queremos que nos expliquen”, dijo.
“Dentro de nuestras comunidades que se identifican como comunidades originarias tenemos más de 50 casos de detenidos en la zona paracentral. Más de 20 en la zona occidental. El régimen ha dejado más de 90 detenidos fallecidos. Hemos sufrido, en nuestros territorios, acosos policiales y militares. La criminalización por la defensa de nuestros elementos sagrados, todo por el desarrollo de proyectos de muerte; Santa Marta tiene 6 líderes detenidos; Bajo Lempa más de 60 habeas corpus, de los cuales no han tenido respuesta; en la comunidad Amando López 8 adolescentes fueron detenidos y torturados; Isla Espíritu Santo, 22 jóvenes detenidos… todo para desarticular comunidades organizadas y así poder dar paso a proyectos de muerte”, indican las organizaciones que hoy denunciaron la continuidad del Régimen de Excepción y pidieron libertad para los inocentes.
El Reverendo Santiago Rodríguez, de la Iglesia Luterana, reiteró el compromiso de la iglesia, y acompañamiento a las familias más necesitadas, ya que la misión de Dios es escuchar a los que sufren y velar por el bienestar de todos. Al tiempo que aclaró que la violencia, y en particular la violencia social ha cobrado vidas, por lo cual no se oponen en ningún momento a medidas que vayan encaminadas a dar solución al problema de violencia.
Sin embargo, aclara que se han conocido muchos casos de atropellos a derechos humanos, y esos piden se investiguen y si no tienen pruebas contra estas personas los liberen. “No estamos ignorando el dolor y sufrimiento de cientos y cientos de familias que perdieron seres queridos por la violencia que nuestro país ha tenido por la guerra entre pandillas… decir que como iglesia, traemos a esta conferencia la palabra del libro de JOB en el capítulo 22, versículos 29 y 30, ahí nos dice: Dios va a Liberar al inocente”…”, precisó.
Con esta conferencias las iglesias y comunidades originarias se suman a las voces de denuncia, y contra las medidas impulsadas por el régimen, que han dejado capturas arbitrarias y a personas inocentes sin sus derechos, por lo que piden al Estado, quitar esa medida e impulsar políticas integrales.
