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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El mes de marzo está cargado de fechas con recuerdos dolorosos debido a la represión, que como producto de ello fueron asesinadas, desaparecidas y torturadas miles de personas durante los años 70 y 80, por lo cual, la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, rindió un homenaje a todos los defensores de derechos, a través del foro “Buscando respuesta a nuestras demandas de justicia, reparación y no repetición”.
Durante los años 70 y 80 los gobiernos y militares cometieron una serie de crímenes, entre esos asesinatos está el del padre Rutilio Grande, junto con sus dos acompañantes laicos, ocurrido el 12 de marzo de 1977 por elementos de la Guardia Nacional.
Mientras que, el 24 de marzo de 1980 fue asesinado Monseñor Romero, pastor, profeta y el máximo defensor de los derechos humanos en El Salvador. El 17 y 18 de marzo de 1981 la masacre de aproximadamente 150 habitantes del cantón Santa Marta, municipio de Victoria, Cabañas, que huían de un operativo militar del ejército nacional.
El 17 de marzo de 1982 se dio el asesinato de los cuatro periodistas holandeses, Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Joanes Jan Willemsen; crímenes cometidos por unidades del Batallón Atonal de la Fuerza Armada. El 14 de marzo de 1983 fue el asesinato de Marianella García Villa, gran defensora de los derechos humanos de El Salvador.
Estas fechas son dolorosas y de mucho significado para el pueblo, porque permite valorar el aporte que cada uno de ellos dieron en la defensa de los Derechos Humanos, durante uno de los períodos más obscuros de la historia salvadoreña.
Los representantes de Pro-Memoria Histórica mostraron su preocupación por el tratamiento jurídico en el caso de la masacre de los padres jesuitas y sus colaboradoras de la UCA, que en enero de 2021 fue sorpresivamente reabierto judicialmente por una resolución de la impuesta Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Sin embargo, el jueves 10 de marzo que se llevó a cabo la primera audiencia, el abogado Arnau Baulenas, apoderado del padre Ignacio Ellacuría, a solicitud de la defensa quedó fuera de la misma como parte querellante.
Este hecho es preocupante, ya que puede constituirse en la mejor evidencia de que el propósito solo es un montaje político para mejorar la imagen del gobierno, pero no la búsqueda de la verdad y justicia sobre esta abominable masacre.
Otra de las preocupaciones es la destrucción del monumento construido con amor y esfuerzo por la comunidad, con la ayuda de la cooperación y solidaridad, en la zona el gobierno proyecta construir otro monumento que además de ser impuesto, no tiene relación con el significado que tiene el actual.
Pro-Memoria exigió a los administradores de justicia asumir con responsabilidad el juicio del asesinato de los padres jesuitas y sus colaboradores, permitiendo que la representación jurídica de los jesuitas sea reconocida como parte querellante y en todo momento la Fiscalía tenga una coordinación permanente con ellos.
Además, demandaron la apertura de los archivos militares, donde se encuentran las evidencias necesarias para esclarecer y desentrampar cientos de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las diversas unidades del ejército, y de manera especial los de los padres jesuitas, la masacre El Mozote y de los cuatro periodistas holandeses.
