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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Como parte de su ideal de promoción y defensa de los derechos humanos, CRISTOSAL solicitó que se convoque a familiares de personas privadas de libertad en centros penitenciarios de seguridad y máxima seguridad, a jueces y juezas a cargo de estos centros, y a organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de iniciar un diálogo que permita encontrar soluciones a la incomunicación que es víctima la familia de los cerca de 40,000 privados de libertad que hay en el sistema penitenciario de este país.
La solicitud es para aquellos familiares de reclusos que se encuentran en centros penales de seguridad o de máxima seguridad.
“Todas las personas privadas de libertad deben de tener al menos un mínimo de comunicación aún en estos tiempos de pandemia, con sus familiares y viceversa. Porque ambas son personas que están pendientes las unas de las otras”, explicó Luis Salazar, abogado del programa de Atención a víctimas de CRISTOSAL. De igual manera, aseguró que en tal sentido hay un grupo de personas de los privados de libertad, entre el 30 % y 40 % de estos, que se encuentran en centros que están vinculadas pandillas. Pero, “no obstante a esta situación tienen el derecho de estar comunicados con sus familiares”, dijo.
Recientemente, CRISTOSAL solicitó al procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, y al director general de Centros Penales, Osiris Luna, que establezcan una mesa para que estas personas quienes asegura tienen en promedio cinco años de no comunicarse con sus seres queridos.
Para CRISTOSAL, por la situación de la pandemia actual se vuelve necesario el acceso a información sobre la condición de estas personas, así como mecanismos para hacerles llegar alimentos e insumos de higiene.
“Como organización promotora y defensora de los derechos humanos de todas las personas, nos preocupa la realidad del sistema penitenciario de El Salvador, pues hemos constatado la restricción excesiva”, explicó.
La solicitud es conforme al derechos constitucional e internacional reconocidos, que establecen que no se puede aislar indefinida y totalmente de sus familiares a las personas privadas de libertad, ni privarles de programas de rehabilitación.
