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@arpassv
2017 será un año difícil para el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, igual o más que el 2016, debido al previsible arreciamiento de las estrategias de desestabilización que impulsa la derecha oligárquica y sus acólitos políticos, gremiales, oenegeros y mediáticos. A esto se suma la asombrosa falta de autocrítica y disposición a corregir errores que exhibe la izquierda gobernante.
Sin embargo, es oportuno mencionar las principales prioridades del Ejecutivo para el año que comienza. Éstos están relacionados principalmente con temas como la política social, la seguridad pública y la crisis fiscal.
En relación a los programas sociales, éstos deben mantenerse, ampliarse y consolidarse. La protección estatal de los sectores vulnerables (niñez, adolescencia, adultos mayores, familias de escasos ingresos) no puede ser menoscabada por lógicas de austeridad, reducción del “gasto” público y demás clichés neoliberales que promueven ARENA, la ANEP, FUSADES y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En tal sentido, la inversión social debe ser siempre prioritaria, a pesar de la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal que pone cortapisas financieras al Ejecutivo. Esta normativa fue impuesta por ARENA y aceptada por el gobierno como condición para los 550 millones de dólares en bonos aprobados en diciembre pasado.
Con respecto a la seguridad, debe continuar el combate frontal contra las pandillas y el crimen organizado. Sin embargo, es necesario evitar abusos y recuperar la integralidad de las políticas de seguridad que combinen prevención, represión y reinserción: el actual énfasis represivo y militarista debe ser sólo temporal y excepcional. Especial atención merecen las víctimas de la violencia.
Pero para fortalecer las políticas sociales y de seguridad pública, el Ejecutivo urge resolver la crisis fiscal mediante un combate más eficiente y efectivo contra la evasión tributaria que -según estudios de la UCA- ronda los 1,500 millones de dólares anuales.
La solución del déficit de ingresos estatales no es poner más impuestos a la población consumidora y trabajadora, ni mediante draconianas recetas del FMI (subir el IVA, no aumentar el salario mínimo, elevar la edad de jubilación y quitar subsidios). El camino es combatir mejor la evasión, la elusión y el contrabando, y promover una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.
Finalmente, el Ejecutivo no debe ceder a las presiones empresariales -y de su propio ministro de Economía- por revertir el reciente incremento al salario mínimo. Las empresas que están obligando a sus empleados a aceptar salarios inferiores deben ser fiscalizadas y sancionadas de inmediato.
