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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Veteranos y excombatientes del conflicto civil se manifestaron en el exterior del edificio del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para exigir a las autoridades de dicha cartera de Estado, cese a las arbitrariedades en la administración del Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales de Veteranos y Excombatientes.
Además, manifestaron que los 32 millones de dólares que supuestamente estarían asignados a los beneficios otorgados a veteranos y excombatientes cubrirían menos del 25 % del total de los beneficiarios.
José Santos Melara miembro de la junta directiva del instituto instó al presidente de la República Nayib Bukele a reformular la propuesta de presupuesto, con el fin de que el mandatario de cumplimiento a una de sus propuestas de campaña, indicó. Bukele habría ofrecido 300 dólares de pensión mensual y una indemnización de tres mil dólares a cada veterano y excombatiente durante la campaña electoral.
“El 23 de agosto invalidaron todas las decisiones que se habían tomado, incluyendo el presupuesto que habíamos aprobado la junta directiva, ese presupuesto no se envió y eso es un acto arbitrario, es un acto contra la ley, porque solo la junta tiene la facultad de elaborar el presupuesto”, añadió Melara, en referencia a las decisiones tomadas por los representantes del Gobierno en la junta directiva del instituto.
Una de esas decisiones tomadas de forma unilateral detallaron fue la de contratar a ocho personas, que ocuparían puestos ejecutivos en el instituto y devengarían sueldos que oscilarían los $2,500 y los $3,600.
Por otra parte, señalaron que representantes gubernamentales en el instituto les han comunicado que hay un faltante de 20 millones de dólares de los que afirman “desconocer” en donde se encuentran.
Veteranos y excombatientes anunciaron que en los próximos días presentarán ante la Fiscalía General de la República un aviso por las arbitrariedades cometidas por los representantes del gobierno en la junta directiva del instituto administrador, así como una serie de acciones de protesta en caso que continúen dichas arbitrariedades.
El pasado 18 de septiembre, este sector presentó su propuesta de presupuesto ante el Ministerio de Hacienda $754,5 millones, de los cuales $396 millones serían destinados al pago de pensiones; $330 millones asignados al pago de indemnizaciones.
