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César Ramírez
@caralvasalvador
La campaña electoral inicia su incierto camino hacia febrero 2019, mientras tanto existen deudas legislativas que acompañan nuestro presente ciudadano, uno de ellos la elección de magistrados a la Corte
Suprema de Justicia y probablemente la aprobación del presupuesto nacional 2019, que considerando los anteriores ejercicios se examinará por criterios de ventajas electorales y no de racionalidad nacional.
Si el presupuesto no se aprueba en esta administración o se retrasa por especulación partidaria, el Estado funcionará con las asignaciones del año 2018, sin modificación alguna.
Es la Asamblea Legislativa a quien corresponde decretar impuestos (art. 131, 6°), decretar presupuesto (art. 131, 7°), aprobar presupuesto (art. 131, 10°)… si el presupuesto es aprobado prontamente, no existirá preocupación por los salarios públicos, el escalafón, ni la deuda externa o los futuros procesos de licitación, de no acontecer o suceder después de las elecciones presidenciales el panorama será incierto.
Al igual que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se aproximan a los noventa días, si realizamos el ejercicio con el presupuesto, casi llegamos a ese escenario dramático, pero creemos que la racionalidad se impondrá, por el bien del Estado.
El manejo de las cifras del presupuesto es de consumo electoral, algún candidato afirma que el gasto público ha disminuido en Salud, Seguridad, Educación, Inversión Social, cuando en realidad en los últimos dos quinquenios ha aumentado, al igual que los programas especiales como atención a la mujer, leche, alimentación, etc., pero acá nadie habla de logros, ni beneficios, ni siquiera acciones positivas, porque conviene a sus intereses singulares, cuando el verdadero objetivo es la nación, millones de salvadoreños trabajan por una realidad diferente.
Si la nación tiene que pagar deuda externa, esta se origina desde el año 2004, en todo caso cualquiera que sea la administración no podrá eludir ese compromiso; al igual que la solución al problema de las pensiones que por el momento tiene una tendencia estable, las ganancias de las AFP aún son escandalosas y además la reducción de las pensiones a los “optados” es un impuesto inconstitucional; el tema de pensiones en su dimensión equitativa de no reformarse (nuevamente) provocará un estallido social a mediano plazo.
Las reducciones de ingresos al Estado han sido maniobras políticas, pero su efecto negativo está a la vista, ¿por qué no se impone la racionalidad? “nada bueno se puede encontrar en la tragedia”.
www.cesarramirezcaralva.com
