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jueves , 19 octubre 2017
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Presidente Funes califica de “graves e irrespetuosos” señalamientos de ASI

Presidente Funes califica de “graves e irrespetuosos” señalamientos de ASI

@JennyCoLatino

De “Graves e irrespetuosos” calificó el presidente de la República, check Mauricio Funes, online los señalamientos de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), thumb en torno a la supuesta malversación del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE), denunciadas por el Gobierno ante la Fiscalía General de la República a inicios de año.

Y es que el mandatario, a través de un comunicado, afirmó que la ASI “se estaría convirtiendo en protectora y cómplice de presuntos actos de corrupción” debido a la “defensa a ultranza” que ha hecho del mecanismo irregular de otorgamiento y manejo del FECEPE que hicieron funcionarios del gobierno anterior entre los que se encuentra la exvicepresidenta y actual diputa del partido ARENA, Ana Vilma de Escobar.

Es de recordar que agremiados de la ASI, ayer, en conferencia de prensa, salieron en defensa de empresas extranjeras que hicieron inversiones en el país entre los años 2005 y 2009, traídas por la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) y el Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Estratégicos (FECEPE).

En la denuncia, la cual fue expuesta públicamente la semana pasada por el presidente Funes, se señala que unas 15 empresas beneficiadas con el FECEPE no cumplieron con los requisitos establecidos, como la generación de 250 empleos mensuales, además no tenían un reglamento interno de trabajo y se mostró un conflicto de intereses entre ex funcionarios y algunas empresas a la hora de firmar los contratos.

En este contexto, el mandatario aclaró que en ningún momento la denuncia hecha pública en su calidad de Presidente de la República o por funcionarios del Gobierno ha tenido como propósito atacar o dañar la imagen de empresas en particular, como lo aseguró la gremial de industriales.

Asimismo, aseguró que su gobierno “no está ni pretende investigar a empresas, sino a exfuncionarios que habrían cometido graves irregularidades que pueden derivar en posibles hechos de corrupción en el manejo de dicho fideicomiso”.

Del mismo, explicó que “una amplia y exhaustiva investigación realizada durante varios meses por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, y apoyada por técnicos del Banco Central de Reserva, puso al descubierto una serie de irregularidades cometidas por el Comité Calificador del Fideicomiso”, del cual formó parte De Escobar, quien fungía además como presidenta de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CONADEI).

Asimismo, formaron parte de este comité Eduardo Zablah Touché, entonces secretario Técnico de la Presidencia; el Ministro de Hacienda, representado por la viceministra Carmen Regina Flores de Arévalo; el expresidente del BMI, Nicola Angelucci Silva y los exministros de Economía, Yolanda Mayora de Gavidia (hasta junio 2008) y Ricardo Esmahan (julio 2008 a mayo 2009).

De acuerdo al jefe de Estado, “el fideicomiso entregó 38.5 millones de dólares a un total de 15 empresas, de las cuales cuatro recibieron los fondos presuntamente producto de tráfico de influencia o de irregularidades. Algunas de estas empresas, vinculadas por lazos familiares a funcionarios de entonces, tomaron el dinero y al terminar el programa se fueron del país o liquidaron”.

Según las investigaciones, un ejemplo de lo anterior es la sociedad Texspin S.A. de C.V., donde hubo un doble conflicto de interés. Este conflicto se dio a raíz de que existían vínculos familiares entre responsables de la empresa y responsables del fideicomiso.

“La Sociedad se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante los oficios de Giancarlo Angelucci Silva, el 7 de noviembre de 2007. Curiosamente, esta persona es hermano del expresidente del BMI, Nicola Angelucci Silva, el banco que otorgaba los fondos”, afirmó el presidente Funes.

Agregó, además, que el FECEPE fue manejado de tal forma que “no se pudo completar el proceso de liquidación por tanta irregularidad detectada y que tampoco hay un informe que indique o justifique el impacto que tuvo en la economía y en la generación de empleo”.

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