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William Siliézar
@DiarioCoLatino
Entre 2015 y 2016 un total de 1,019 personas han sido víctimas del desplazamiento forzado a causa del acoso de los denominados grupos terroristas, lo que provoca una situación de vulnerabilidad que atenta contra la dignidad y los Derechos Humanos de las personas.
Ante esto, la Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por la Violencia y el Crimen Organizado expresó su preocupación por el éxodo que viven familias en algunos municipios del país como Mejicanos, Panchimalco y recientemente Caluco, en el departamento de Sonsonate.
Según Celia Medrano, miembro de la Mesa de la Sociedad Civil, sólo en 2015 fueron atendidos 146 casos de desplazamiento forzados, de los cuales un total de 623 personas fueron afectadas directamente, en su mayoría, grupos familiares.
Los datos revelan que hasta agosto de 2016 se han registrado 88 casos de la misma índole que involucran a 396 personas, principalmente, mujeres, adolescentes, niños y niñas.
Medrano dijo que la situación que enfrentan estas familias al ser obligadas a dejar sus hogares y probablemente todo lo construido a través de los años, violenta a la seguridad e integridad física, además de quitarles el derecho a la vivienda, salud y educación de los pequeños, quienes ven obstaculizados sus sueños y planes de vida.
Asimismo, consideró que la situación de vulnerabilidad da pauta a que más familias busquen refugio fuera de las fronteras de su país, lo que repercute a que los índices de migración, especialmente de niños no acompañados, vayan al alza.
Sin embargo, Medrano aseguró que los desplazados tengan vínculos con los mismos opresores, o incluso que en el mismo núcleo familiar haya miembros de pandillas, como lo aseguró el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto.
Cotto manifestó públicamente que “las personas dejan sus hogares porque algunos de los integrantes o la familia tienen vínculos con las estructuras criminales“, a lo que Medrano respondió que estas declaraciones sólo “discriminan de forma generalizada a estas víctimas“.
Señaló, además, que las declaraciones de Cotto contradice al principio seis de los Principios Rectores de los Desplazamientos de Internos de las Naciones Unidas, que reza “todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia actual“.
Medrano agregó que con dichas declaraciones se pone en manifiesto el poco conocimiento de algunas instituciones respecto al tema, por ello, también pidió e hizo el llamado a que no se estigmatice y criminalice a las víctimas, y de igual manera, que se tome en cuenta en el Plan El Salvador Seguro una política de atención a personas en esta situación.
