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Por Leonel Herrera*
Durante el anuncio de la “Octava Peregrinación San Óscar Arnulfo Romero”, el cardenal Gregorio Rosa Chávez pidió al gobierno y sus diputados terminar “cuanto antes” el régimen de excepción prorrogado 40 veces durante más de tres años.
El jerarca católico declaró que es urgente acabar con el régimen para que “la población pueda manifestarse libremente buscando el bien”, y señaló que mantener vigente este marco legal excepcional “es una forma de “coerción”.
“Se trata de permitir al pueblo ejercer sus libertades sin presión alguna”, expresó, sobre la propuesta de derogar la suspensión de las garantías judiciales y derechos constitucionales anulados por el régimen. Así, Rosa Chávez reiteró la postura expresada por la Conferencia Espiscopal de El Salvador (CEDES), en la carta pastoral publicada el pasado 29 de mayo.
El líder religioso reconoce la mejor situación de seguridad por el combate a las pandillas y admite que el régimen de excepción fue necesario al inicio; pero considera que ya no es necesario y que mantenerlo representa un problema que debe ser resuelto “cuanto antes”.
La ocasión es oportuna para recordar las principales razones por las que el régimen de excepción no debe prolongarse más y terminar “cuanto antes”, como dijo el cardenal Rosa Chávez.
En primer lugar, porque es inconstitucional, ya que la Constitución de la República permite suspender sólo de manera temporal y excepcional derechos ciudadanos. En este sentido, el régimen de excepción podía prorrogarse únicamente una o dos veces más. Por tanto, el régimen es inconstitucional desde junio de 2022, después de su segunda ratificación.
En segundo lugar, porque no es necesario. El régimen de excepción probablemente fue necesario para enfrentar la emergencia de la violencia de las pandillas tras la ruptura de los acuerdos con el gobierno en marzo de 2022, pero ahora que las maras han sido desarticuladas ya es innecesario.
Lo que queda de estos grupos criminales, si aún hubiera remanentes, puede y debe ser perseguido con el marco legal ordinario que incluye una sentencia de la Sala de lo Constitucional que los declara “grupos terroristas”, una ley de proscripción de pandillas y una serie de reformas penales, procesales y administrativas específicas para las maras.
En tercer lugar, porque el régimen de excepción se ha convertido en un mecanismo de control social y fuente de temor para la sociedad. El tiempo y los hechos confirman que el régimen ya no es una política de seguridad, si alguna vez lo fue: hoy es un mecanismo de represión y miedo para mantener a la gente callada, inmóvil y para que no denuncie ni proteste contra las injusticias.
Según la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) publicada a finales de junio, casi el 60% de la población teme criticar al gobierno por miedo a represalias, especialmente la detención y en encarcelamiento, bajo el régimen de expceción.
En cuarto lugar, porque el régimen de excepción es carta blanca para cometer cualquier abuso contra personas inocentes acusándolas de asociaciones ilícitas y para perseguir políticamente a activistas sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos críticos del gobierno.
Bajo el reglas del régimen han sido procesados decenas de sindicalistas, los ambientalistas de Santa Marta y ADES, los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, Fidel Zavala, Eugenio Chicas, Alejandro Henríquez, Ángel Pérez, Ruth López y Enrique Anaya, a pesar de que ninguno de estos casos está relacionado con pandillas.
Y en quinto lugar, porque el régimen de excepción permite al gobierno actuar al margen de la ley, la institucionalidad y la Constitución. El régimen permite no rendir cuentas, violar el debido proceso penal, anular la independencia judicial y socavar el estado de derecho.
Así que enhorabuena el llamado del Cardenal Rosa Chávez. Todas las organizaciones, los sectores democráticos y la ciudadanía crítica deberían acogerse a esta postura y exigir que el régimen de excepción termine “cuanto antes”.
Por lo demás, el líder religioso también cuestionó la criminal ofensiva contra los migrantes y reiteró el llamado a derogar la Ley General de Minería Metálica que amenaza gravemente el agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones con la reactivación de proyectos extractivistas. Ojalá que el gobierno y sus diputados escuchen.
*Periodista y activista ambiental.
