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Por Leonel Herrera*
El Juzgado Primero contra el Crimen Organizado permitió a Atilio Montalvo salir de la cárcel, otorgándole arresto domiciliar como medida sustitutiva a la prisión. La “jueza tres” de dicho tribunal finalmente atendió el llamado a excarcelarlo por consideración humanitaria dado su grave estado de salud.
Es probable que quienes controlan el sistema judicial también hayan previsto el enorme costo político que habría causado que un personaje histórico y héroe nacional, por ser firmante de los Acuerdos de Paz, muriera en sus manos.
Montalvo nunca debió ser detenido o, en todo caso, seguir el proceso en libertad. Incluso, la jueza pudo haberle dado las medidas en noviembre del año pasado cuando su abogado defensor lo solicitó, quizá entonces su estado de salud no era tan delicado como ahora. Sin embargo, como dice el dicho popular, “es mejor tarde que nunca”.
Ahora, por las mismas razones humanitarias debe ser liberado José Santos (“Pepe”) Melara, quien también padece diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, según denuncia su familia. También deberían ser excarcelados los demás dirigentes de Alianza El Salvador en Paz, pues todos tienen achaques de salud debido a secuelas de la guerra y a su avanzada edad.
Asimismo debe ser liberado el comunicador popular y líder comunitario Luis Alberto Menjívar, quien -a pesar de su juventud- padece hipertensión y otras enfermedades. Menjívar fue detenido junto a los veteranos sin ninguna justificación.
Pero la libertad no sería sólo por aspectos humanitarios, sino -principalmente- por razones de legalidad y justicia, ya que la acusación contra ellos es un invento de las autoridades fiscales y policiales. Así lo confirma una investigación del periodista Héctor Silva Ávalos.
En el reportaje, publicado esta semana en el medio guatemalteco Prensa Comunitaria, Silva Ávalos revela que el caso se basa en el relato de “testigo fantasma” y presenta unos morteros navideños como los artefactos explosivos con los que se cometerían los supuestos actos terroristas en vísperas de la toma de posesión del segundo mandato inconstitucional de Nayib Bukele.
Las capturas arbitrarias de Montalvo, Melara y compañía se realizaron el 30 y 31 de mayo del año pasado, con engaños, con una acusación falsa y con pruebas fabricadas que fueron exhibidas en redes sociales antes que en los tribunales. Su caso es claramente una persecución política por denunciar la reversión democrática del país y rechazar la reeleción inconstitucional.
Los detenidos, junto a otros miembros de sus organizaciones, realizarían pequeñas protestas pacíficas en diversos puntos del país y darían a conocer un manifiesto en el que desconocerían la legalidad y legitimidad del nuevo gobierno de Bukele.
Lo revelado por Silva Ávalos es un contundente argumento de nulidad para que los abogados defensores soliciten cerrar el caso; y para que familiares y organizaciones sociales exijan la libertad inmediata de los que aún están en prisión. Ya no sólo por humanidad, sino -fundamentalmente- por una razón jurídica: no hay caso, la acusación es falsa.
El proceso penal contra los dirigentes de la Alianza se confirma como una persecución política, junto a otros casos de criminalización contra activistas sociales, defensores de derechos humanos y críticos del gobierno. Casos como el de Enrique Anaya, Ruth López, Alejandro Henríquez, Ángel Pérez, Eugenio Chicas, Fidel Zavala y los líderes comunales de Santa Marta.
Por cierto, el “testigo invisible” del caso de los veteranos sólo recuerda al sospechoso testigo protegido del proceso contra los ambientalistas de Cabañas: el que primero dijo que vió y después que “le contaron”. Ambos casos muestran un mismo modus operandi en la fabricación de acusaciones en la Fiscalía de Bukele..
Así que, la señora “jueza tres” del Tribunal Primero del Crimen Organizado, debería liberar cuanto antes a los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz. No sólo por aspectos humanitarios, sino por legalidad y justicia, pues esa vergonzosa acusación es falsa y el caso debe cerrarse. Ojalá que, por decencia y respeto a su función de “aplicadora de justicia”, la jueza atienda el llamado.
*Periodista y activista ambiental.
