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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Los agrotóxicos en El Salvador: el envenenamiento silencioso”, designó la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), a la investigación técnica científica que realizaron sobre el uso intensivo de plaguicidas en el país, que impacta la salud de la población al contaminar el medio ambiente, derivándolo a una “crisis ambiental”.
“En el Día Mundial de la Tierra, demandamos del Estado salvadoreño, cumplir con su papel como garante de derechos y priorizar políticas públicas que tengan al centro la vida, salud y naturaleza”, señaló Luis González, director de incidencia de UNES, al reseñar la urgencia por un cambio en las políticas de regulación o prohibición de estos productos altamente tóxicos.
La investigación “Los Agrotóxicos en El Salvador: El Envenenamiento Silencioso” estuvo a cargo de Michel Wildi, bioquímico, eco toxicólogo, y Mauricio Jandres, hidrobiólogo del Centro de Investigación de Medio Ambiente y Salud de la Universidad de El Salvador (UES), quienes señalaron que la investigación muestra los impactos tóxicos en los ecosistemas y su repercusión en la población.
Michel Wildi advirtió de la importancia de retomar este tema a nivel nacional, superando los vacíos legales en el control de estas sustancias tóxicas, que no solo afecta a la persona que aplica el plaguicida, sino también al medio ambiente.
“Cada año se importan 80,000 toneladas de fertilizantes, que en su mayoría proceden de Marruecos, que están prohibidos en Europa, porque contiene alta concentración de arsénico. El arsénico, como bien sabemos, hay niveles altos en el país, entonces, no sería recomendable este tipo de contaminación.
“Y cada año se importan 4,300 toneladas de plaguicidas, la gran mayoría de estos que se ocupan más en El Salvador, son los insecticidas que ya están prohibidos en otros países por su efecto probado en casos de cáncer y los problemas degenerativos en el cerebro de los niños como el flotifosforo que ya está prohibido en California (EE. UU.) o el Paracuat, el herbicida más común que provoca enfermedades como el Parkinson”, indicó Wildi.
Datos oficiales del Ministerio de Salud (MINSAL) expresan que en el año 2018, un estudio de muestreo sanguíneo se encontraron “residuos de plaguicidas organoclorados” (pesticidas artificiales para plagas), en el 28% de las muestras de sangre que analizaron en 66 municipios.
De acuerdo con la investigación, se están aplicando 1.33 libras de pesticidas al año por cada habitante que al contrastarla con los 6.5 millones de habitantes en el territorio nacional, deducen que en El Salvador se consume un 70% más de pesticidas que Nicaragua, en proporción a “superficie cultivada”. Y que por esta carga “inducida de uso intensivo” de los plaguicidas repercute en la salud de personas dedicadas a la agricultura, con impactos diferenciados en los grupos poblacionales de mujeres y niñez.
En cuanto al impacto en el medio ambiente, el hidrobiólogo, Mauricio Jandres (UES) declaró que el estudio se centró en el Sitio Ramsar, Barra de Santiago El Imposible, dentro de la temática de humedales y zonas costeras, que identificó como “punto esencial”, no solo relacionado al lugar, sino a otros fragmentos de áreas en donde el agua es elemento clave para la biodiversidad.
“Estos lugares de los que hablamos también incluyen a Metalío, San Juan, Barra de Santiago, Garita Palmera y la parte baja del río Paz. En su conjunto estamos hablando de un estimado de 4,500 hectáreas de superficie, hablando estrictamente de manglares, canales primarios y secundarios. Son lugares pequeños que genera bienes y servicios ambientales a los pobladores como pesca artesanal y extracción de moluscos y crustáceos. Y la interacción con los cultivos, específicamente la caña de azúcar, que es la más fuerte utiliza plaguicidas más letales”, advirtió.
Jandres reiteró que muchos de los plaguicidas utilizados en los últimos años, tienen impactos derivados a las especies del ecosistema, dependiendo de las concentraciones que pueden generar “ecocidicos”, señalando al manglar, en donde se han aplicado desfoliantes (químico para caída de hojas o follajes) y a nivel radicular (raíces de las plantas), así como afectaciones a la fotosíntesis y muerte de la planta.
“Muchas veces, la población se pregunta por la alta mortalidad del manglar, y claro, hay varios elementos en juicio, porque no es solamente el impacto del plaguicidas, también están los metales pesados (elementos químicos de alta densidad y tóxicos al ser humano), obviamente, debilita a especies o también, está el crecimiento de moluscos, bibalbos y camarones en esas zonas y que consumimos, no sabemos que elementos tóxicos llevan y el nivel”, reiteró Jandres.
“Los impactos negativos e irreversibles en la salud y medio ambiente, supone cuestionarnos sobre el actual modelo económico”, expresó. Andrea Padilla, especialista en género y ecofeminismo de UNES, al exhortar al Gobierno del presidente Nayib Bukele, a generar políticas públicas y establecer normativas de control al accionar de la agroindustria en el país.
“Nos preocupa que haya una debilidad o incumplimiento en su papel como garante de derechos, son 16 años que cumplimos y que el Estado salvadoreño, hizo caso omiso a la revisión de los marcos legales para prohibir la importación y uso de plaguicidas que son peligrosos para el medio ambiente y la salud. Y si bien, hace 20 años se prohibieron algunos plaguicidas como organoclorados, esto no ha sido suficiente. Y pedimos actualizar la Ley de Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Productos de Uso Agrícola, que prohíban sustancias activas con potencial peligroso para la salud y los ecosistemas”, puntualizó.
