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El colectivo de la Mesa de Protección a Periodistas exigen a la Asamblea Legislativa, la aprobación del anteproyecto de ley de protección integral a personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información. De izquierda a derecha, Susana Peñate (APES), Leonel Herrera (ARPAS), Angélica Cárcamo (APES), Herbert Serafín (FESPAD) y Serafín Valencia (UCA). Foto Diario Co Latino/Gloria Silvia Orellana

Periodistas exigen ley de protección ante retroceso de libertad de prensa

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

El aumento de los casos de vulneraciones a la libertad de prensa, que suman 91 solo para el primer trimestre de 2021, así como, los obstáculos gubernamentales en el acceso a la información pública enmarcan un escenario riesgoso para el gremio periodístico, afirmaron los integrantes de la Mesa de Protección a Periodistas.

APES, ARPAS, MPCTI, UCA, FESPAD y PDDH, integrantes del colectivo, presentaron en el año 2018 el anteproyecto de “Protección Integral para Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadores de la Información”, que de su contenido solo se han trabajado 15 de 49 artículos que la integran.

Angélica Cárcamo -presidenta de la APES- señaló en sus declaraciones que las afectaciones al ejercicio periodístico se concentran en restricciones en la práctica profesional con 61 casos, declaraciones estigmatizantes, bloqueos al acceso de información pública, acoso digitales, amenazas verbales, agresiones físicas, acoso sexual y amenazas a la vida.

“Para la Mesa, estos hechos deben ser considerados una alerta que podrían derivar en afectaciones a la integridad física de los colegas. Y es preocupante también la instrumentalización de los medios de gobierno, como Canal 10, Radio Nacional y Diario El Salvador, para hacer propaganda gubernamental. A los que se suman los medios administrados por el Consejo Nacional de Bienes (CONAB) que ha despedido a su personal para contratar personas afines al Gobierno”, sostuvo.

Sobre la ley, Cárcamo fue explícita en señalar que ante este contexto urgen a la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa para que aprueben en brevedad este anteproyecto que ha estado en sus manos desde hace dos años, para avanzar solo en 15 de los 49 artículos que la contienen. Señala también la preocupación por utilizar la pauta publicitaria gubernamental con fines de “premio y castigo” a los medios de comunicación.

“La propuesta de ley contempla mecanismos de protección para periodistas frente a hechos de violencia social, la protección derechos laborales, la implementación de mecanismos de atención oportuna ante amenazas graves, prevención y atención de este tipo de violencia a mujeres periodistas. Y crear articulaciones entre entidades públicas con gremios de periodistas y organizaciones de derechos a la libertad de expresión”, agregó.

Otro anteproyecto pendiente en el órgano Legislativo y de interés de la Mesa es la Ley de Publicidad Gubernamental, para dar una distribución equitativa a todos los medios de comunicación, independiente su línea informativa o política editorial porque se tratan de fondos públicos, explicó Leonel Herrera, director de ARPAS, al exhortar al órgano Legislativo a que aprueben ambas leyes al considerar que la nueva legislatura del partido de Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, vaya a legislar sobre ambos temas.

“El partido del presidente y él mismo han mostrado una actitud hostil hacia la prensa crítica o prensa independiente, de ahí nuestra exigencia con la actual legislatura, sino corremos el riesgo que en los próximos meses y años mayores ataques a la prensa. Los gobernantes populistas como Bukele, sean de derecha o izquierda, siempre buscan tener un enemigo al cual acusar de los problemas del país y ahora, como ya no va a tener a los mismos de siempre en la Asamblea, entonces buscará al periodismo independiente como nuevos chivos expiatorios, por eso son urgentes ambas leyes”, manifestó.

En cuanto al “silencio” sobre el tema de plazas fantasmas en el primer órgano de Estado, Herrera respondió que era un asunto de larga data en el país y que por el contrario le extrañaba que algunos medios oficiales retomen estos señalamientos cuando ya se ha investigado a profundidad.

“Muchos han investigado sobre las anomalías legislativas, no se si se ha enterado que las plazas fantasmas de Guillermo Gallegos, un diputado aliado al presidente de la República, lo han sacado los medios por años; no hay que confundir informaciones periodísticas con campañas políticas que aparecen en algunos medios de repente”.

“Y no será que esto lo están sacando los medios del Gobierno para justificar un despido masivo en la Asamblea a partir del 1 de mayo; instalando en el imaginario de la gente y la opinión pública que hay una mitad de plazas fantasmas habría que interpretar esa intencionalidad. Que me parece doble moral, cuando el Ejecutivo tiene un montón de plazas fantasmas. ¿Por qué? Son gente contratada por CEL pero trabajan en otros lados, esas son las plazas fantasmas”, reafirmó Herrera.

Mientras, Herbert Serafín (abogado de FESPAD) habló de las acciones que ha tenido la Mesa de Protección a Periodistas y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sobre el contenido de la propuesta de ley, que afirmó siempre han estado pendientes de que esta se encuentre dentro del marco constitucional.

“Si la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprueba la ley, se manda al presidente de la República, Nayib Bukele; claro, él la puede vetar y la Asamblea Legislativa la puede superar y luego pasa a la Sala de lo Constitucional para ser aprobada como ley de la República. Las observaciones que podría hacer el presidente Bukele es que sea inconstitucional; por lo tanto, nosotros desde la Mesa de Protección a Periodistas y comisión legislativa estamos elaborando una ley que se encuentre dentro de ese marco constitucional”, argumentó.

La Mesa de Protección a Periodistas exhortó a los nuevos diputados de partido del Gobierno a abstenerse de realizar acciones que atenten al ejercicio periodístico como las calumnias, difamaciones o cualquier tipo de hostigamientos que perjudique el acceso a la información por parte de los medios de comunicación que cubren las reuniones de trabajo y las sesiones plenarias.

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