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Redacción Nacionales
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El periodista y analista político, Leonel Herrera, cuestionó las condiciones democráticas del próximo proceso electoral en El Salvador y señaló que el país enfrenta un escenario institucional que, a su juicio, dificulta la existencia de elecciones con garantías mínimas.
Durante el programa Encuentro con Julio Villagrám, Herrera planteó que muchos ciudadanos se preguntan si deben participar o no en las elecciones previstas para 2027, en un contexto que describió como “complicado” debido al control que, a su juicio, el oficialismo ejerce sobre diversas instituciones del Estado.
Uno de los principales señalamientos del analista es el papel del Tribunal Supremo Electoral, al que acusa de no mostrar independencia frente a decisiones políticas recientes. Herrera afirmó que el silencio del organismo ante reformas constitucionales que habilitan la reelección presidencial indefinida y el adelanto de los comicios presidenciales genera dudas sobre su imparcialidad.
Según el analista, estas decisiones evidencian que las instituciones encargadas de administrar el proceso electoral estarían alineadas con el oficialismo. En su opinión, no solo el ente electoral participa en esta dinámica, sino también otras entidades estatales que intervienen indirectamente en el proceso, como la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, así como instituciones logísticas y de seguridad.
Herrera también cuestionó el uso de recursos públicos en actividades que, según afirma, tienen fines electorales. Mencionó que funcionarios y diputados del partido oficial realizan visitas a comunidades y entregan materiales o ayuda social mientras ya desarrollan actividades de campaña.
En su análisis, el control institucional y el uso de recursos estatales forman parte de un contexto que podría afectar la equidad del proceso electoral.
La legalidad de las elecciones presidenciales
Uno de los puntos más críticos del análisis se centra en la legalidad de la elección presidencial prevista para 2027. Herrera argumentó que el adelanto de esos comicios no estaría justificado bajo los preceptos contemplados en la Constitución.
De acuerdo con su interpretación, la legislación salvadoreña establece que las elecciones presidenciales solo pueden adelantarse en circunstancias excepcionales, como la imposibilidad del presidente y el vicepresidente de continuar en sus cargos o ante una crisis política que requiera una salida institucional, que no es el caso en la actualidad.
El analista sostuvo que los argumentos presentados por el Gobierno —como reducir costos electorales, homologar procesos o incentivar la participación— no constituyen motivos válidos dentro del marco constitucional.
Además, señaló que la reforma que permitiría la reelección presidencial indefinida también sería cuestionable jurídicamente. Herrera citó el artículo 248 de la Constitución, que establece que no pueden modificarse ciertos principios fundamentales, entre ellos la alternancia en el ejercicio de la presidencia.
A su juicio, si se pretendía introducir la reelección indefinida, el procedimiento correcto habría sido convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
Participación electoral y oposición política
Pese a sus críticas, Herrera aclaró que no llama a la ciudadanía a abstenerse de votar. Considera que la participación electoral puede tener utilidad, especialmente para mantener espacios de representación institucional.
En ese sentido, destacó el papel de los pocos diputados de oposición en la Asamblea Legislativa de El Salvador, quienes —según afirmó— permiten visibilizar información que de otro modo no se conocería, en referencia al rol opositor de los diputados Francisco Lira, Claudia Ortiz y Marcela Villatoro.
No obstante, sostuvo que la oposición política enfrenta debilidades importantes, principalmente la fragmentación entre partidos y la ausencia de una estrategia conjunta para defender el voto o exigir condiciones electorales más equitativas.
Herrera considera que una participación masiva de la ciudadanía podría reducir las posibilidades de fraude, pero insiste en que para ello también sería necesario un movimiento social organizado que presione por garantías democráticas.
Movilización ciudadana como factor de cambio
El analista concluyó que, en contextos donde las instituciones están controladas por un solo grupo político, los cambios democráticos rara vez ocurren exclusivamente por la vía electoral.
Como referencia histórica mencionó el caso del plebiscito que puso fin al régimen de Augusto Pinochet en Chile, así como movimientos sociales que han provocado transiciones políticas en distintos países. También recordó la Rebelión de 1944 en El Salvador, donde una amplia coalición ciudadana logró la salida del dictador Maximiliano Hernández Martínez.
Para Herrera, experiencias como estas muestran que la organización social, la protesta y la presión ciudadana pueden desempeñar un papel clave en la defensa de la democracia. “No se trata únicamente de participar en elecciones”, señaló el analista, quien considera que la ciudadanía debe informarse, organizarse y exigir transparencia para fortalecer la vida democrática del país.
