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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Hasta la administración Calderón Sol, el sistema de pensiones en el país no tuvo ningún problema real que afrontar, pero sí los imaginarios que aquel gobierno propagó para justificar la privatización.
Es decir, a la vergonzosa campaña difamatoria que emprendió la administración aquella, siguió la imposición de cuadros provenientes de la empresa privada en la mesa directiva de las instituciones estatales responsables del tema de pensiones, probadamente corruptos, por lo que en contubernio con la gestión saquearon a estas instituciones, para luego aparentar la graciosa huida del país.
Así y en aquel madrugón, el gobierno de Calderón Sol pasó a la historia como el responsable de uno de los robos continuados más descarados pero legales, que el estado salvadoreño ha impuesto a la clase trabajadora desde entonces, y que al presente supone un gran negociazo por los pingües beneficios que supone, y que solo enriquece al reducido y selecto número de miembros de las mesas directivas de las Afps resultantes.
Tan descarnado es el robo que estas implican que, apenas transcurrido un lustro, la evidente insostenibilidad del aparato de pensiones privado obligó a la siguiente administración de derecha del presidente Flores, a idearse un mamotreto que socializo la injusticia que supone el sistema.
Ello consiste en que el estado asume el coste de la manutención de los pensionados cuyos ahorros se han agotado apenas 9 u 11 años luego de retirarse laboralmente y luego de percibir una pensión verdaderamente de hambre, pues al instante de retirarse y de acuerdo a las reglas vigentes, el sistema reduce los ingresos del pensionado a apenas el 30% de los percibidos un día antes de retirarse, por lo que si el indiciado no recibe la asistencia de su familia, el salario de un nuevo empleo, o sencillamente carece de otra opción, su vida sufrirá de toda suerte de limitaciones.
Para ponerlo claro, si Pedro Jiménez, un nombre al azar y con el propósito de ejemplificar el tema, a octubre del presente año y luego de un ejercicio laboral de 45 años como empleado de la banca para el caso, gana $1000.00, también una cifra para comprenderlo con facilidad, al retira en noviembre, su pensión será de alrededor de $300.00 centavos más, centavos menos, por lo que no es difícil imaginar que le espera.
Estos $300.00 con algunas revisiones de ley y luego de agotar sus aportaciones de los últimos 28 años, que es el tiempo que posee el sistema de pensiones privatizado en nuestro país, después de entre 9 y 12 años será trasladado a la pensión estatal, producto del arreglo arriba referido, y que se paga con los recursos que se le restan a salud, educación, seguridad pública e infraestructura, pues el estado salvadoreño no percibe ningún beneficio monetario del esquema privatizado, y en cambio asume esta responsabilidad, “por humanidad”, lo que debemos reinterpretar claramente.
No, el sistema de pensiones privado solo ha servido para enriquecer a un par de docenas de personas, mientras los trabajadores lo sufren.
Ahora se impone su rescate.
