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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
José Apolonio Tobar, titular de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) presentó su informe sobre 581 denuncias recibidas de la población en el período del 21 de marzo al 20 de abril, en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19.
En el desglose de las denuncias, 180 corresponden a mujeres (31 %) y 368 a hombres (63 %); sobre los derechos vulnerados identificaron el derecho a la libertad personal (22 %), derecho de acceso a la información (17 %), derecho al trabajo (14 %), derecho a la integridad (10 %), derecho a la alimentación (7 %), derecho de acceso al agua (4 %) y discriminación (1 %), informó la institución.
“Estos datos reflejan que el 64 % de los casos recibidos se relacionan con los derechos a la salud, libertad personal y acceso a la información y el 24 % de los casos recibidos se refieren a violaciones cometidas dentro de los centros de contención, vinculado al derecho a la salud y acceso a la información”, dijo.
En cuanto a los casos vinculados al derecho al trabajo, están referidos a falta de insumos necesarios para la protección del COVID-19 durante la realización de labores por falta de guantes, lentes y gabachas desechables. Así como, denuncias por suspensión de contrato, pagos de salarios incompletos o falta de pago total. Hay otras quejas de sobre presiones para que las personas trabajadoras tomen obligatoriamente vacaciones anuales o permisos mensuales sin goce de sueldo y agricultores que no han podido trabajar, pese a que cuentan con carta de respaldo de alcaldías.
“En el derecho humano al agua se ha denunciado la irregularidad en su abastecimiento y el nulo acceso a la misma en diferentes comunidades a nivel nacional. Y en relación al derecho a la alimentación, los casos se refieren a la falta de alimentos y particularmente en los casos de –cerco sanitario– ordenado en La Libertad, que denunciaron la falta de provisión de alimentos por la rápida implementación de la medida”, observó.
Y en la mayoría de denuncias al derecho a la integridad, todos están referidos al uso excesivo de la fuerza y acosos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y militares, especialmente en comunidades, y maltrato a mujeres por el personal de seguridad en los centros de contención por cuarentena, así como amenazas a periodistas por intervenir contra la actuación de malos tratos de la policía a la población.
Sobre el derecho a la no discriminación, reportan a personas de la población LGBTI en los centros de contención durante los procedimientos policiales y la falta de atención a las demandas reiteradas de las personas salvadoreñas varadas en el extranjero que esperan retornar al país.
