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Ezequiel Linares
@DiarioCoLatino
El Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, calificó como violador de los derechos humanos al presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Arturo Salazar Villalta, por haber despedido a seis empleados, sin justificación.
De acuerdo, a la resolución del Procurador, quedó establecida la violación al derecho al trabajo por actos ilegales y atentatorios contra la estabilidad laboral y despido injustificado en perjuicio de los seis empleados y funcionarios de la Defensoría del Consumidor.
De acuerdo a la procuraduría se violentó lo lo que establece la Constitución de la República en el artículo 194 romano l ordinales 1º, 2º, 7º y 11º.
El Procurador enfatizó que, “ellos (los trabajadores) habían suscrito desde hace años sus contratos laborales y considerando el desarrollo de las labores de forma permanente y propias de la Defensoría del Consumidor”. También, dijo que se da por establecida la violación al derecho de audiencia, ya que los trabajadores, previo a la terminación de la relación laboral, no tuvieron la oportunidad de conocer las razones, motivos o argumentos sobre su despido, ni pudieron defenderse con pruebas o argumentos.
La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Consumidor (SITRADC), Leonor Cárdenas, manifestó que, si el contrato pasa más de un año y es renovado, pasa a hacer un empleado más y si lo despiden, se está vulnerando ese derecho.
Además, Cárdenas dijo que según el código 25 del Código de Trabajo, los trabajadores tienen derecho a: “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa, se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos señale plazo para su terminación”.
La sindicalista agregó que los trabajadores no fueron amonestados, ni sancionados y no recibieron ni una notificación verbal o escrita y que el presidente de la Defensoría, su excusa de despido fue que los empleados no cuentan con la experiencia necesaria para seguirse desempeñando en sus funciones en los diferentes cargos y que de acuerdo al artículo 25 se está vulnerando ese derecho.
Ante esto, Tobar recomendó a la Defensoría del Consumidor revisar la legalidad de la terminación de contratos de los referidos empleados y adoptar las medidas que procedan para la restitución en sus puestos de trabajo o en otros similares.
Lo anterior, de acuerdo a sus perfiles y experiencia, donde se les garantice la estabilidad y prestaciones laborales a que tienen derecho, antes de la finalización del trabajo.
