Luis Arnoldo Colato Hernández, Educador
“La reelección indefinida es contraria a la democracia”, Corte Interamericana de DDHH.
Digámoslo con claridad, no es como afirma una diputada oficialista, dar carta de legalidad a un hecho por demás ilegal, la reelección, sino legalizar el fraude como vía para conservar el poder.
A las pasadas elecciones avaladas por el TSE, solo asistió el 23% de la población, en el primer proceso, el de presidenciales, a las que además los demás candidatos se presentaron como parte de un arreglo, en el triste rol de comodines, quemándose políticamente, como a sus instrumentos partidarios.
Y fue el descaro total, con el estado favoreciendo la candidatura única del caudillo, obstruyendo a los electores, obstaculizando la veeduría internacional, operando un programa con un algoritmo que aumentó descarada y exponencialmente los votos para favorecer al oficialismo, habiendo negado el ingreso a sus respectivos espacios electorales a los observadores que el propio TSE escogió, asegurando el continuismo, que en cambio habría perdido de haberse realizado el proceso transparentemente, no solo por el completo fracaso de la gestión que adelantó en el período que sí ganó el régimen previamente, también adelantando todas aquellas reformas inconstitucionales para manipular el fenómeno electoral.
Al segundo evento electoral, y ya claro para los electores que su participación era innecesaria, no participó, con un mínimo histórico que rozó el 7% de asistencia.
Las razones son varias, aunque estamos obligados a considerar un hecho incontestable estadísticamente para nuestra región, y que es el que apenas el 8% de la población está motivada ideológicamente, lo que se corresponde con cuestiones que van desde lo cultural hasta lo histórico, que no son el punto de esta reflexión interpretar, y que salta a la vista para cualquiera que examine la desidia conque la población se mueve políticamente; no, detrás de la inasistencia al evento político está el que la población comprende que carece de incidencia en el fenómeno político, que su participación no podrá superar lo corrupto del régimen, que ha naturalizado, y que además se corresponde con que sencillamente prefiere el estado corrupto e inviable que el régimen ha establecido, a la democracia de cajón e insegura que hemos desde la firma de los acuerdos de paz, tenido.
Por otro lado, la condena a Uribe, si bien es para casa, por doce años, sin derechos político electorales, urge al régimen fortalecerse mediante leguleyadas que conformen al país en una suerte de refugio para los otros narco fascistas que serán condenados en los procesos que se les siguen en las democracias efectivas del subcontinente, quizás pensando en los dineros robados y que podrían traer de acogerse a la idea, como sucediera con ese campo de concentración que explota subcontratándolo para que el imperio oculte a sus prisioneros políticos, como hiciera Alemania con Polonia, en la 2aGM.
Porque, ¿alguien sabe el destino de los dineros que se recibió por encarcelar a los venezolanos?
Pues como apreciamos, conservar el poder, concordemos, es un gran negocio para el régimen.
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