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Justicia y respeto, son algunas de las exigencias que el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas exige ante la Ley de Amnistía del 2016. Foto Diario Co Latino / Fernando Velásquez.

Organizaciones y víctimas consideran que prevalece una amnistía de facto

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor y la Comisión de Trabajo Pro Memoria Histórica, afirmaron que desde 2016 cuando se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, en el país está permanentemente una “amnistía de facto”, ya que tanto el Estado como las distintas instituciones vinculadas a dar cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no han hecho lo correspondiente.

Carlota Ramírez Hernández -víctima y sobreviviente del conflicto armado- señaló que antes, durante y después de haber sido declarada como inconstitucional la Ley de Amnistía, han trabajado conjuntamente en mesas, talleres y seminarios para que se derogue la Ley de Reconciliación Nacional, por ser una “ley de impunidad”, pues luego de firmados los Acuerdos de Paz ARENA y FMLN formularon el decreto para esconder esos crímenes de lesa humanidad, porque ambos han hechos que pasaron en la guerra.

“En nosotras las víctimas esos crímenes nos han dejado heridas en nuestros corazones que aún no han sanado y va a sanar cuando obtengamos la verdad de los responsables, los lleven a la justicia y nos digan dónde están nuestros familiares. Hemos tenido siempre lo mismo de lo mismo, han pasado cinco gobernantes de ARENA, FMLN y ahora con Bukele, hemos tenido diferentes fiscales, Sala de lo Constitucional y Asamblea Legislativa”, reiteró Ramírez.

Afirmó que a cuatro años de haber sido declara inconstitucional la Ley de Amnistía han estado en audiencias, las cuales no han dado una resolución, pues siempre se han sentido vulnerables, burladas, olvidadas y revictimizadas, por lo cual, ahora esperan que con todas las instituciones del Estado haya algo en concreto.

Comentó que representa el caso Natividad, donde toda la familia Ramírez fue desaparecida y otros asesinados, donde la CIDH ha ordenado al Estado una serie de recomendaciones que no ha cumplido, “esperamos que haya una solución y tener verdad, justicia y medidas de no reparación”, sostuvo. Entre tanto, Jaime García, integrante de la Mesa contra Impunidad en El Salvador indicó que las víctimas nunca han perdido la esperanza, y confían que esta tercera audiencia de seguimiento convocada por la Sala de lo Constitucional es para medir el grado de cumplimiento respecto de la sentencia de inconstitucionalidad emitida hace más de cuatro años.

“Nos planteamos cuánto más van a tener que esperar las víctimas del conflicto armado en este país, no han sido suficiente cuarenta años de espera de un derecho que les corresponde como ciudadanos, que es el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Las víctimas ya lo hicieron y entregaron todo, incluso le han dejado a este país una narrativa jurídica de la verdad, de la cual son portadores y les ha acompañado durante todos estos años”, cuestionó García.

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