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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Representantes de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP/BSS) y el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC) alzaron la voz en una postura conjunta contra las recientes políticas implementadas por el Ejecutivo. A través de un desglose técnico y social, los dirigentes advirtieron que el país atraviesa un proceso de desmantelamiento institucional que afecta la estabilidad de la clase trabajadora y precariza el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y el aseo urbano.
Un modelo de «deshumanización estatal»
El pronunciamiento inició con una severa crítica al concepto de modernización promovido por el gobierno actual. Rafael Méndez, vocero de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, señaló que trasladar los bienes y servicios públicos al sector privado constituye una de las medidas más dañinas que un Estado puede adoptar contra sus ciudadanos.
«La privatización de los servicios y bienes públicos profundiza la desigualdad y la normaliza. Un Estado que entrega sus bienes públicos al mercado no se moderniza: se deshumaniza. Ponen en manos de quienes se lucran lo que debe estar garantizado como un derecho humano. Cuando lo público se convierte en negocio, la prioridad deja de ser el bienestar colectivo», enfatizó Méndez.
Asimismo, subrayó que los sectores más vulnerables de la sociedad —trabajadores, desempleados, campesinos, madres solteras y jubilados— son quienes finalmente asumen las consecuencias del encarecimiento y la desprotección social.
La crisis laboral y su impacto socioemocional
La pérdida del empleo no solo implica una interrupción de los ingresos, sino una alteración profunda en la vida de los trabajadores y sus familias. Las organizaciones señalaron que la inestabilidad laboral desencadena crisis emocionales, cuadros severos de estrés, ansiedad, depresión y pérdida de autoestima, además de generar tensiones en las relaciones interpersonales y exclusión social.
En el ámbito económico, la cesantía masiva arrastra a los afectados al agotamiento prematuro de sus ahorros y a una dependencia forzosa de redes familiares o de apoyo para cubrir necesidades básicas.
Despidos por sectores
Durante la presentación, los voceros expusieron datos recopilados por sindicatos y movimientos sociales que ilustran la magnitud de la reducción de personal en distintas dependencias del Estado:
Sector Municipal
El punto de inflexión en las alcaldías se dio tras la entrada en vigor de la normativa que redujo el número de municipios de 262 a 44. Esta transición derivó en despidos bajo la figura de supresión de plazas:
- San Salvador Este: Se reportó la destitución de más de 400 trabajadores, afectando principalmente las zonas de Soyapango e Ilopango.
- La Paz Este: Denuncias públicas registran el cese de más de 120 empleados entre los distritos de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo. Entre otras.
Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, detalló que en distritos de La Unión Sur y Morazán Sur las cesantías han abarcado desde grupos de 50 empleados operativos hasta la remoción de directores y subdirectores completos.
Sector Salud
Sindicatos del ramo contabilizan aproximadamente 8,000 despidos en la Red Nacional de Salud y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). El caso más crítico reportado corresponde al Hospital Nacional Rosales, donde fueron desvinculados más de 1,800 profesionales de la salud.
Sector Educación
Representantes del gremio magisterial informaron sobre la cesantía de 4,212 docentes en el marco del cierre o fusión de 67 centros educativos públicos. Según el informe, los cierres se han justificado por baja matrícula, remodelaciones o riesgos estructurales. Adicionalmente, se señaló que los planes de reestructuración presupuestaria presionan a miles de maestros a optar por el retiro o la jubilación anticipada en escuelas, complejos educativos e institutos nacionales.
La privatización encubierta
La narrativa oficial del Gobierno sostiene que normativas como la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales y la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos (conocida como Ley ANDRES) no equivalen a una privatización. No obstante, Teresa Hernández, de la MPJL, expuso que el análisis del articulado de ambas leyes demuestra la consolidación de un modelo de privatización encubierta.
Hernández detalló los cuatro ejes de este modelo:
- Privatización de la gestión operativa: Aunque el Estado mantenga la titularidad del servicio o la atención médica, la recolección de desechos, el mantenimiento técnico, la cadena de suministros, la seguridad, el transporte y las tecnologías de información pasan a manos privadas. El Estado asume el costo fiscal mientras las empresas privadas obtienen las ganancias.
- Exención de la Ley de Compras Públicas: Tanto la Ley ANDRES como la ley hospitalaria omiten la Ley de Compras Públicas ordinaria. Esto permite adjudicaciones directas, invitaciones express y cotizaciones únicas hasta por $1,000,000 USD, reduciendo la competencia y la transparencia en las contrataciones.
- Precarización y pérdida de derechos: Los empleados transferidos pierden el régimen de carrera administrativa y son forzados a contrataciones bajo el Código de Trabajo con empresas subcontratistas, afectando su antigüedad, salario y representatividad sindical.
- Desvío de fondos y descapitalización: La retención del 50 % de las tasas de aseo municipal para el fondo de ANDRES debilita las finanzas locales. Asimismo, se denunció la utilización de empresas estatales como ETESAL para inyectar capital en sociedades de recolección de desechos, desviando recursos del sector energético hacia actividades ajenas a su función legal.
Exigencias al Estado
Ante las afectaciones a los servicios públicos y a los derechos garantizados en la Constitución de la República, las organizaciones presentaron tres demandas centrales:
- Derogación de los regímenes especiales de compras: Exigen que toda contratación de la Red Nacional de Hospitales y de la Autoridad ANDRES se someta a la Ley de Compras Públicas con fiscalización preventiva.
- Estabilidad y restitución laboral: Absorción inmediata del personal de salud y aseo urbano en plazas públicas fijas, respetando su antigüedad y contratos colectivos.
- Auditoría externa e independiente: Apertura de auditorías a las sociedades mixtas y contrataciones otorgadas a consorcios privados locales e internacionales.
Llamado a la movilización ciudadana
Al cierre del encuentro, Wilfredo Berríos, en representación del Frente Sindical Salvadoreño, instó a la población a examinar críticamente las promesas gubernamentales sobre la calidad de los servicios públicos.
Berríos señaló que mientras el discurso oficial defiende que «lo público debe ser mejor que lo privado», en la práctica se canalizan fondos públicos —provenientes de préstamos internacionales e impuestos ciudadanos— hacia empresas privadas mediante contrataciones sin licitación.
Finalmente, las dirigencias sindicales y comunitarias convocaron a la ciudadanía a sumarse activamente a la marcha programada para el próximo 15 de septiembre, con el fin de manifestar su rechazo a las medidas privatizadoras y a los despidos en el sector público.
