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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Organizaciones de derechos humanos señalaron que a dos años de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, aún falta respuestas integrales por parte del gobierno, como albergues en condiciones dignas, aprobación del reglamento y un presupuesto enfocado en la atención y búsqueda de soluciones duraderas para las víctimas.
El Colectivo Alejandría, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Cristosal expresaron que a pesar de ser importante la ley, no ha logrado un impacto directo en la atención y protección a víctimas, por la falta de cumplimiento y disposiciones contempladas por la normativa.
Además, una política nacional de prevención y protección a personas en condición de desplazamiento forzado interno y el nombramiento de integrantes de la sociedad civil, que conformarán la comisión técnica interinstitucional para la atención de estas personas.
Rina Montti, representante de Cristosal, dijo que entre enero de 2020 y el 8 de febrero de 2022, la entidad atendió a 1,306 personas en situación de desplazamiento forzado interno, de los cuales, 702 fueron por violencia, 572 por cambio climático y 27 por violencia y cambio climático. Mientras que el SSPAS atendió a 710 personas en esta misma condición, quienes recibieron atención y protección con los parámetros dictaminados por la ley.
“Las organizaciones han estado atendiendo a estas víctimas aún cuando es responsabilidad del Estado. La ley se logró a partir de varias solicitudes de amparo en la Sala de lo Constitucional a finales de 2018, para tener un acompañamiento de parte del Estado y el reconocimiento del desplazamiento forzado interno que los gobiernos nunca lograron reconocer, a fin de transformarlo en atención plena e integral a las víctimas”, añadió.
Datos del Ministerio de Hacienda indican que el presupuesto 2022 aprobado para la atención integral a víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad pública es de $667,267, el punto más bajo de todas las unidades presupuestarias de esta cartera de Estado, representando solo el 0.1%, además, el 65% del presupuesto para la atención integral a víctimas está destinado a la adquisición de bienes y servicios.
Johana Ramírez, en representación del SSPAS, manifestó que el trabajo de las organizaciones seguirá siendo como entes contralores de la situación de violencia, en especial los casos de desplazamiento forzado; así como visibilizar y tratando de generar espacios de articulación con las instituciones del Estado para que sean mejoradas en la atención de las víctimas.
“Las organizaciones en años anteriores como este año, hemos continuado ofreciendo nuestra experticia técnica de estos procesos, porque ya hay una experiencia no solo con la Ley de Desplazamiento, sino otras normativas donde hemos trabajado con las instituciones del Estado; estamos en la disponibilidad de retomar los espacios de diálogo y articulación con la Dirección de Atención a Víctimas de Migración Forzada, en beneficio de las víctimas”, aseguró Ramírez.
Para las organizaciones, es urgente que el estado garantice la atención y protección de la población LGTBI+, particularmente aquella en situación de desplazamiento forzado interno.
Además, mostraron su especial preocupación por las víctimas de desplazamiento forzado a causa del cambio climático, ya que el artículo 2 de la Ley Especial las excluye de su ámbito de aplicación, dejando con ello desprotegidas a las personas que deben enfrentarse y abandonar su hogar a causa de desastres naturales.
