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La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Ministerio de Medio Ambiente y ANDA, dieron a conocer sus sugerencias para la construcción de una ley de beneficio de la población salvadoreña. Foto Diario Co Latino/Fernando Sánchez.

Organizaciones piden que la Ley General de Recursos Hídricos sea modificada

Rebeca Henríquez
Colaborador/@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa de El  Salvador dio apertura a distintas  organizaciones para ofrecer sus análisis y aportes para el estudio del proyecto de Ley de Recursos Hídricos. Los representantes de la iglesia, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Ministerio de Medio Ambiente y  la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), dieron a conocer sus sugerencias para la construcción de una ley de beneficio de la población salvadoreña.

Con el objetivo de obtener una aprobación consensuada por las diferentes organizaciones para la Ley de Recursos Hídricos y dentro de los distintos apartados que las organizaciones esperan sean tomados en cuenta están: la modificación del  significado del agua como fuente de vida y no como mercancía, la incorporación de una institución que garantice el correcto uso y manejo del recurso, la participación ciudadana mediante la  incorporación de Organismos Zonales de Cuencas, Comités de Cuencas  y la participación de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña.

El representante del Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), José Sandoval, manifestó que se debe incorporar el derecho en el reglamento jurídico a través de la reforma constitucional y la aprobación de una ley de agua que beneficie la necesidades de las personas que viven en situaciones más vulnerables, y añadió que el derecho al agua debe ser reconocido tanto en la constitución como en la Ley General de Recurso Hídricos.

Sandoval también se pronunció por el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca iguales oportunidades para el disfrute del derecho al agua.

Dalia Gonzales, del Foro del Agua, denunció que el proceso de la ley es una gestión pública, centralizada, burocrática, vertical y que no existe participación ciudadana, porque no está considerando los Comités de Cuenca, las Juntas de agua y que no permite la participación de los territorios, tomando en cuenta que la gestión sustentable del agua debe de darse desde el ámbito público, pero con una participación de la población.

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