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Redacción Nacionales
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Representantes de organizaciones sociales presentaron este jueves un escrito de pronto despacho ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debido al silencio administrativo ante la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de la Minería Metálica de El Salvador, presentada hace un año.
En enero del año pasado, las organizaciones que presentaron la demanda de inconstitucionalidad fueron: Justicia Social y Contraloría Ciudadana, bajo la representación de Roxana Cardona; VIDAS (Benjamín Cuellar), la Mesa por una Pensión Diga (Patricio Pineda) y el Movimiento Ciudadano Alerta Carlos. Pidieron la inconstitucionalidad de la Ley General de Minería Metálica, ya que consideran que no se respetó el proceso de formación de ley y porque atenta contra la vida de las personas.
Es de recordar que el 21 de diciembre de 2024, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa recibió al director de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Alejandro Álvarez Campos, y tras una breve explicación de la ley, se dictaminó a favor.
El 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, los legisladores la aprobaron sin tener estudios técnicos sobre la minería e ignorando toda la lucha social que se había realizado desde décadas para prohibir la minería metálica en 2017.
La demanda de inconstitucional que estas organizaciones presentaron el año pasado, no ha tenido eco en la Suprema Corte, por lo que presentaron el escrito para que la Corte se pronuncie y resuelva la demanda.
Roxana Cardona señaló que esperarán el plazo de los 10 días para que la Sala dé trámite al pronto despacho, luego se podría interponer un amparo. “Pero es bien ilógico, porque no hay un organismo que vaya más arriba de la Sala a quien nosotros podamos abocarnos. Entonces, prácticamente estamos jugando con los mismos personeros que están violando”, dijo.
Patricio Pineda señaló ante los medios que la minería es un peligro al derecho a la vida, porque daña no sólo al medioambiente si no a la calidad de vida de las personas que viven en las orillas de los proyectos mineros y se apropian de los recursos como el agua.
“En San Sebastián sigue la represión contra los líderes, nuestros hermanos de Santa Marta y ADES; aparte de dilatar la sentencia que fue bastante escueta y ambigua, les están señalando por delitos que no han cometido”, indicó. Es de recordar que los líderes ambientalistas han sido absueltos en dos ocasiones; la Fiscalía General de la República (FGR), pese a no demostrar con pruebas la existencia de delitos, busca repetir el juicio por tercera vez.
“Hay que entender algo que es bien vital y aquí no hay ni argumento a favor ni en contra, simplemente es algo científico y que la naturaleza misma lo va a reclamar con creces. El problema con la minería no es en sí la extracción, no es en sí la comercialización como tal, sino que el problema es la contaminación de las cuencas hídricas subterráneas, ahí está el problema”, comentó Pineda.
El ciudadano explicó que el argumento “débil” que tienen los defensores de la industria minera es que “de todas formas” los ríos nuestros ya están contaminados: “sí, los ríos nuestros sí, pero es a nivel superficial. Las cuencas hídricas subterráneas, que es de donde se abastece el consumo hídrico diario de cada salvadoreño, es la que está en peligro”. “Si queremos que medio mundo salga envenenado, pues bueno, sigan adelante”, lamentó Pineda.
Cardona agregó que se crea legislación para favorecer a las empresas mineras y explicó que la derogatoria al artículo 10 de la Ley de Bancos, aprobada por el oficialismo esta semana bajo el argumento de “atraer más inversión” y “fomentar la competencia”, contribuye a que los extranjeros empiecen a constituir asocios públicos privados.
“Prácticamente, más inversión de parte de extranjeros para empezar a construir los asocios públicos privados que mencionan la Ley de la Minería Metálica. Es decir, la minería metálica viene para este año, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo”, comentó Cardona.
Al derogar el Artículo 10 de la Ley de Bancos, lo que se busca es “quitarle a la Superintendencia cierta supervisión para inversiones extranjeras y quitar el 51 % (que debían ser para accionistas salvadoreños o centroamericanos). Los extranjeros deben de tener cierto respaldo bancario en los países. En este caso, son entidades norteamericanas que van a empezar a venir”. Es entonces que el marco legal para ejecutar proyectos de minería, “ya lo tienen, solamente hace falta que lo hagan público”, informó.
Ante ello, “la Sala de lo Constitucional, con el silencio administrativo, ha violado el artículo 18 de la Constitución y es algo grave, porque la Sala es la guardiana de los derechos fundamentales de dicha Constitución”, consideró Cardona.
A pesar de que diversas organizaciones sociales han pedido al Gobierno que prohíba la minera, tal cual estaba estipulado desde 2017, el Gobierno no ha escuchado este clamor, tampoco lo ha hecho la Sala, a pesar de que en sus archivos tiene dos demandas.
Organizaciones han denunciado presencia de maquinaria en el cantón San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión. También existe presencia policial y militar.
