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Redacción Nacionales
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En el marco del noveno aniversario de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, diversas organizaciones sociales reiteraron su llamado al Gobierno para revertir la aprobación de la Ley General de Minería.
La normativa permitió nuevamente los proyectos mineros en el país, pese a que en 2017 El Salvador se convirtió en referente mundial al prohibir la minería metálica tras once años de lucha social y comunitaria, marcada por el asesinato de ambientalistas como Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera.
Los colectivos advierten que la minería intensifica la escasez de agua y la contaminación con químicos tóxicos como el cianuro, lo que representa un riesgo para la salud y los ecosistemas, especialmente en la cuenca del Río Lempa. Además, cuestionan que la nueva ley fue aprobada sin debate ni estudios técnicos, ignorando la oposición de universidades, iglesias y organizaciones ambientalistas.
La Iglesia Católica también ha solicitado la derogación de la normativa y presentó firmas en la Asamblea Legislativa. Esto ha sido ignorado por el oficialismo y por el Gobierno.
Las organizaciones denuncian que el Gobierno incluso firmó un acuerdo con Estados Unidos para facilitar la explotación minera y la instalación de proyectos nucleares en el país. Ante ello, insisten en que la minería metálica “atenta contra la vida” y piden garantizar un futuro sano para las próximas generaciones.
