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Rebeca Henríquez
Colaborador/@DiarioCoLatino
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua expresó su rechazo ante las reformas constitucionales , minería Bitcoin y las afectaciones al derecho humano al agua, por el impacto que tendrán en la mayoría de la población salvadoreña que históricamente ha estado excluida de la justicia social y económica.
Verónica Guerra, del Foro Nacional de Salud (FNS), que integra la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, se refirió a la propuesta por parte del equipo Ad Hoc, de la Asamblea Legislativa, sobre la regulación del uso del agua en el país, cuyo contenido aborda algunos temas y sus implicaciones prácticas en la vida política, derechos humanos, e institucionalidad, pero de manera general.
“El documento contiene diferentes propuestas de reforma que no solucionan la grave situación de derechos humanos de la población , en algunos casos se plantean de forma simbólica el reconocimiento de algunos derechos y en otras, se genera una regresión de los derechos y en lo político e institucional una concentración de poder”, sostuvo Guerra.
En cuanto al derecho humano al agua, Guerra indicó que la propuesta de reforma desconoce en su totalidad los problemas más “graves y apremiantes” de la población, así como los aportes que han dado las organizaciones sociales a la reforma al artículo 1 y 69 de la Constitución, que demanda su ratificación.
“En el actual documento no incorporan el saneamiento del agua, y abandonan el enfoque de derechos humanos, lo que puede generar mayor dilación en vista que no se ratificaría la propuesta que ya ha sido aprobada por la composición legislativa anterior “, explicó Guerra.
Asimismo, criticaron las acciones realizadas por la bancada oficialista, en la Asamblea Legislativa, como abrir el margen de maniobra a la industria cañera y crear un proceso de formación de ley que beneficie a esta industria, pese a que las mismas comisiones enviaron al archivo muchos de estos anteproyectos.
“El sector azucarero ha sido por décadas uno de los más beneficiados del país, y a la vez, uno de los más contaminantes de nuestra madre tierra con su monocultivo. Con una área actual que supra las 100 mil manzanas y es posible sea superior, porque no se conocen el total de área sembradas, directamente por los ingenios”, agregó Guerra.
Los datos oficiales de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES) da cuenta que este sector alcanzó una producción entre 6.6 a 7 millones de toneladas métrica en la zafra 2020/2021. No obstante, para las y los pequeños agricultores el impacto de esa cosecha se refleja en la contaminación de aguas, tierras y la afectación de sus riñones por el uso excesivo de glifosato.
Adela Bonilla, de RACDES, y de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, exigió al gobierno del presidente Nayib Bukele a abstenerse de las reformas constitucionales que el Órgano Legislativo le va apoyar para consolidar un nuevo marco jurídico.
“Sabemos que no son reformas a la Constitución, es una constitución nueva la que va a montar y dadas las condiciones y manejo que se han dado a estas reformas al articulado, creemos que va a afectar muchos de los derechos garantizados en la actual”. “Creemos que más fácil que ratifiquen la reforma de dos artículos (2 y 69), que ya fueron discutidos, consensuados que estudiar un nuevo legajo. Y que la comisión Ad Hoc retome los aportes dados por las diferentes organizaciones sociales, la academia, sistemas de agua y Pueblos Originarios, para proteger y garantizar el derecho humano al agua”, sostuvo.
En cuanto a la circulación del Bitcoin, que inició el pasado 7 de septiembre, Bonilla manifestó que se debe frenar el intento del gobierno con la iniciativa de “minar criptomonedas” (proceso de creación de criptomonedas), porque afectaría el medio ambiente.
“Los impactos en el país por minar criptomonedas serán directos y no son aceptables, porque esta energía eléctrica producida no será para reducir la brecha de la desigualdad social en cuanto al acceso de las familias históricamente empobrecidas, si no para beneficiar empresas extranjeras que buscan desarrollar una industria inviable en El Salvador”, dijo Bonilla.
Mientras, Omar Flores, abogado de FESPAD e integrante de la Alianza, señaló que en el marco del proceso de aprobación y discusión de la Ley de Recursos Hídricos, que presentó el presidente de la república, Nayib Bukele, esperan que los aportes de estudios técnicos, científicos, experiencias e ideas presentados por la sociedad civil organizada sean incorporados a la normativa.
“Una ley que garantice el derecho humano al agua, debería contar con nuestros cinco puntos no negociables: ser un bien público; un derecho humano, que su gestión sea pública y participativa, que sea sustentable a las cuencas hidrográficas y sea un régimen económico justo y equitativo”, agregó.
“Tenemos también preocupaciones en el sentido que en el proceso de consulta participaron sectores que históricamente han sobre explotado el bien hídrico para intereses económicos y no sabemos que posición va a tener en ese momento la comisión Ad Hoc, tiene la oportunidad de oro, en sus manos de proteger el derecho humano al agua que somos 6.5 millones de habitantes o el sector económico poderoso del país”, argumentó Flores.
