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Redacción Nacionales
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Este lunes, la organización Robert F. Kennedy Human Rights, junto a Socorro Jurídico Humanitario y el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), expusieron la situación de derechos humanos en los centros de detención de El Salvador. Esa información sería presentada a organismos internacionales. También sentaron postura sobre los casos de los venezolanos deportados.
Kerry Kennedy, presidenta de la organización Robert Kennedy Human Rights informó que durante los últimos días tuvo la oportunidad de reunirse con representantes de la sociedad civil y medios de comunicación independientes para conocer la situación del país en materia de DDHH.
“Su valentía, resiliencia y determinación frente a un ambiente hostil y cada vez más peligroso y las violaciones perpetuadas por este gobierno nos impresionaron profundamente”, dijo la presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights.
Kerry Kennedy comentó que uno tras otro, hombres y mujeres relataron que fueron detenidos durante el estado de excepción, donde se les denegó el debido proceso, nunca se les acusó de ningún delito o que se les acusó de una serie de delitos no relacionados y en constante evolución para los que no había pruebas porque, en realidad, eran completamente inocentes.
“Nos contaron que les negaron el agua y la comida, les negaban el acceso a una atención médica que necesitaban desesperadamente, le negaron el acceso a la familia y también a sus abogados”, informó Kennedy.
Señaló que varios les relataron que estuvieron enjaulados en celdas minúsculas, equipadas con apenas 50 catres (especie de colchón), pero en las celdas, se podían contar hasta 250 hombres. “Observaban de manera impotente cómo golpeaban sin piedad a sus compañeros y cómo ellos mismos eran golpeados. Fueron sometidos a crueles tratos y torturas y de alguna manera, contra todo pronóstico, sobrevivieron para contar sus historias, pero muchos de ellos, no sobrevivieron”.
Las organizaciones comentaron que miles de otras personas continúan recluidas en condiciones inhumanas similares y corren peligro de sufrir daños y de morir. “No podemos permanecer callados ante la condición sistemática de graves violaciones de derechos humanos en El Salvador; nos aseguraremos de llevarnos estas historias con nosotras y mostrar al mundo lo que hemos presenciado”, puntualizó Kennedy.
Situación de los venezolanos
Kennedy dijo que representan a un grupo de diez venezolanos que fueron “secuestrados” por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) El Salvador junto con otros 250 migrantes venezolanos.
“Hemos venido aquí para reunirnos con nuestros clientes y comprobar cómo se encuentra el residente estadounidense Kilmar Abrego García, y para analizar y documentar la situación de derechos humanos aquí en el terreno”, sostuvo. Sin embargo, se les negó el acceso a verlo.
Sostuvo que a pesar de los derechos que tienen sus clientes, así como cualquier otro salvadoreño, para ver a sus abogados, el gobierno de El Salvador, empezando con el presidente de la República, Nayib Bukele, no respetó ese derecho.
Noah Bullock, director ejecutivo de CRISTOSAL, informó que a través del trabajo de la institución y de organizaciones de la sociedad civil venezolanas, se lograron identificar y estudiar 139 casos presentados por familias venezolanas y 1 persona salvadoreña. Cabe resaltar que de estas personas el 40% tenía algún tipo de protección migratoria, pero el 90% no tenía antecedentes penales.
Informaron que han escuchado constantemente que la gran mayoría de las personas privadas de libertad, en el marco del estado de excepción y recluidas actualmente en los centros penales en condiciones inhumanas y que están en grave riesgo de tortura, “son inocentes”.
“Su único delito parece ser que son pobres y vulnerables. A pesar de ello, o probablemente por ello, la administración Trump decidió pactar con el presidente Bukele el envío de migrantes a El Salvador, donde pueden ser llevados al margen de la protección de la ley”, enfatizó Kennedy.
Es de recordar que Bukele negoció con la administración de Donald Trump para recibir a supuestos miembros de la banda criminal venezolana, Tren de Aragua por un pago de $6 millones al año. Entre esas deportaciones se han denunciado a migrantes que no tenían que ver con la banda terrorista.
Kennedy afirmó que el presidente de los Estados Unidos “lo ha hecho siguiendo el mismo guion que Bukele”, en referencia a que ha utilizado “contra su propio pueblo” la etiqueta de “terroristas”, sin ninguna prueba y sin ningún debido proceso. En ese sentido, regresarán a los Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar todo lo que han documentado en El Salvador.
Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, informó en dicha conferencia de prensa que a la fecha se tienen 393 víctimas mortales a causa del régimen de excepción en las cárceles de El Salvador.
“Los ejemplos que ella (Kennedy) son el claro reflejo de lo que, por tres años, en nuestro país ha estado pasado miles de salvadoreños, hombres y mujeres inocentes que se cuentan por miles, que no han tenido derechos al debido proceso, de audiencia, de defensa, a un juicio justo o a algo tan importante como la presunción de inocencia”, puntualizó Escobar.
