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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las Comunidades Indígenas del municipio de Nahuizalco, organizaciones ambientales y de derechos humanos informaron sobre la notificación de la Cámara Ambiental de Santa Tecla, que otorgó la ampliación de medidas cautelares en favor de proteger al río Sensunapan, y no dar permisos ambientales, y al Ministerio de Cultura, preservar los siete sitios sagrados de las comunidades indígenas.
Ariela González, abogada de FESPAD, explicó que el 12 de enero del presente año la Cámara Ambiental de Santa Tecla decidió extender las medidas cautelares, que mantiene en suspensión la construcción de la octava represa en el río Sensunapan.
“Este movimiento de defensa del río Sensunapan, inició en agosto de 2020, cuando las comunidades indígenas alertaron a la UNES y a la FESPAD, sobre la posibilidad del desarrollo de ese proyecto hidroeléctrico que se encontraba en la fase de consulta pública sobre la evaluación del impacto ambiental en plena pandemia del COVID-19 (2020), cuando se estaba en confinamiento total”, reseñó.
“De inmediato se denunció ante el Juzgado Ambiental de Santa Ana y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por la vulneración del derecho de la participación de las comunidades indígenas, quienes tenían que abocarse a la Alcaldía de Nahuizalco o Ministerio de Medio Ambiente, cuando la movilidad era nula”, sostuvo González.
A estas dificultades se sumó la acción del Juzgado Ambiental de Santa Ana, que archivó el caso, por lo que recurrieron a la Cámara Ambiental de Santa Tecla, que reabrió el proceso y dictó las primeras medidas cautelares el 7 de junio 2021, y el pasado mes de enero las extendió por otros seis meses, para evaluar el impacto ambiental que traería la octava represa. “Esas medidas cautelares como protección al río Sensunapan, en su carácter ambiental, carácter de biodiversidad y carácter cultural, esta última que son elementos intangibles que las comunidades indígenas han identificado como los siete lugares sagrados”, acotó González.
José Francisco Morán, nació en el cantón Sisimitepet, el único hogar que ha conocido a lo largo de su vida, que por ahora, defiende junto a otros miembros de las comunidades indígenas que llevan 17 años en la lucha por recuperar al “abuelo río”, rechazando el intento de la empresa Sensunapan S.A de C.V, la construcción de la “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”, que sería la octava en el caudal del río Grande de Sonsonate.
“Hay siete sitios sagrados, pero algunos son más resaltantes porque sabemos de su significado y son muchas razones, una es que para nuestros abuelos y abuelas el río Sensunapan, contenía toda la comida (biodiversidad-sustentabilidad) y también tenemos apariciones de personajes (cosmovisión indígena) que son cosas increíbles tal vez, para muchas personas que no creen, pero para nosotros son realidades”, afirmó.
“En estos lugares también los abuelos tenían árboles, arbustos, bejucos y raíces medicinales y de donde nuestros abuelos extrajeron medicinas que les sirvieron por años y curar diferentes enfermedades. Y es sitio sagrado porque en 1932, durante la masacre, nuestros abuelos y abuelas se escondieron en unas cuevas de estos lugares para salvarse de la persecución por eso pedimos a las autoridades competentes a respetar la zona”, argumentó Morán.
Sobre la situación hidrográfica de Sensunapan-Banderas, señalaron que es la única cuenca al occidente del país que registra un “alto estrés hídrico” (0,65/Sistema de Información Hídrica-MARN), lo que consideraron de gravedad porque es el cauce que utiliza la empresa hidroeléctrica para las 7 represas ya establecidas, lo que afecta la biodiversidad y el consumo de las comunidades de la zona.
Es así como las comunidades de Sisimitepet y Pushtan, municipio de Nahulingo, Sonsonate, que integran el Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales Nahuizalco Sonsonate; el Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco (MUINA) MESUTSO, UNES y la FESPAD, demandaron de las instituciones del Estado salvadoreño involucrarse y dar cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por la Cámara Ambiental sobre la protección del medio ambiente y la preservación de los sitios sagrados.
Aracely Argueta, ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), acotó que el agua es el bien natural más vulnerado en el país, que tiene a la base el incremento de su demanda a sectores como la industria y la, agricultura, dejando atrás el consumo de las familias. “Es preocupante como la vulneración a este territorio por la demanda al caudal del río Sensunapan, que es constante por la construcción de proyectos extractivos como las siete hidroeléctricas ya establecidas y la propuesta de una octava. Y hay que agregar que la demanda en el territorio es de 64 mil metros cúbicos, y la posibilidad de oferta es solo de 32 mil metros cúbicos, o sea, casi la mitad”, indicó.
“Esto significa una alta demanda y con poco acceso al agua para las comunidades que la utilizan para sus necesidades básicas. Y la reciente Ley General de Recursos Hídricos, que no reconoce el análisis sobre el impacto a las cuencas (hidrográficas) antes de conceder un permiso ambiental es lamentable y grave”, acotó Argueta.
En cuanto a los estudios de las cuencas hidrográficas del país, la ambientalista, consideró que estos no pueden ser parciales, sino de la cuenca en su totalidad y que los permisos emitidos no pueden ser por espacios de 15 años prorrogables cuando afecta directamente la renovación del bien hídrico.
“Mientras la narrativa de esa ley es respetar el derecho humano, el discurso no se traducen en los reglamentos que se han establecido en dicha ley. Otro punto a resaltar es el Cambio Climático y como las afectaciones están influyendo en el nivel de lluvia y agua disponible”, expresó. “Y finalmente Sensunapan-Banderas es parte de Los Izalcos, un territorio ancestral donde opera un binomio de la cosmovisión Nahual, un binomio bio-cultural, que significa naturaleza y cultura, las que van de la mano, es esa cotidianidad cuando el río se vuelve el abuelo en ese territorio, entonces, la dinámica de expropiación afecta no solo el acceso a los bienes naturales si no modos de vida de una población”, puntualizó.
