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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
La Mesa por el Derecho “a Defender Derechos”, que aglutina a organizaciones y colectivos sociales, demandó de los candidatos de los diferentes partidos, que aspiran llegar al Ejecutivo, un compromiso auténtico y público que garantice la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
Blanchi Michelle Orellana, abogada de FESPAD, integrante de la Mesa DDHH, señaló la importancia de honrar también los compromisos que se asumen a nivel internacional, así como su aplicación al marco jurídico nacional.
“Aquí se trata de garantizar los derechos humanos de la población y de las personas que se dedican a defender derechos humanos, que dentro del marco de la democracia es un derecho legítimo el exigir sus derechos propios o colectivos”, manifestó.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos presentó el pasado 6 de septiembre un anteproyecto de “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos”, cuya iniciativa fue acompañada por tres fracciones legislativas dentro de la Asamblea Legislativa.
Quienes con esta iniciativa de ley buscan el reconocimiento oficial de la persona defensora de derechos humanos, así como la garantía de protección cuando realiza su labor, que se constituye en prerrogativas que brinda un Estado de derecho a la ciudadanía.
Blanchi Orellana agregó que este anteproyecto busca sensibilizar y visibilizar los contextos a los que se enfrenta una persona defensora de derechos humanos, en cualquier ámbito, que van desde la estigmatización, amenazas, criminalización, desplazamientos, y la más grave, la pérdida de sus vidas.
“Les exigimos a las fórmulas presidenciales, sobre todo aquellos que lleguen al Ejecutivo, cumplir con los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño frente a instancias internacionales de derechos humanos, de cara a la garantía y protección de las personas defensoras de DDHH, dando seguimiento a todas las recomendaciones recibidas durante los EPU (Examen Periódico Universal/ONU) de los años 2010 y 2014, y el informe del relator especial sobre la Situación de Personas Defensoras de DDHH”, manifestó.
Asimismo, las organizaciones demandan el seguimiento, ejecución e implementación de la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas por la ONU”, como instrumentos internacionales que dan un marco de acompañamiento y protección.
Mientras, José Lazo, de Pro Búsqueda, indicó que si bien el Estado salvadoreño es signatario de este tipo de instrumentos internacionales, siempre habrá una distancia entre el contenido y la aplicación a la realidad salvadoreña.
“Desde el Ejecutivo se asumen tareas que tienen que ver con las garantías de derechos humanos. Es el Ejecutivo el encargado de firmar convenios internacionales en materia de derechos humanos, a través de la cancillería, por eso creemos importante que los presidenciales asuman la agenda de derechos humanos. Y así erradicar la histórica impunidad respecto a las agresiones, situaciones de violencia y discriminación que han enfrentado quienes defienden los DDHH”, indicó.
Alejandra Burgos, de la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local, acotó que los casos emblemáticos como el asesinato de los padres jesuitas y sus colaboradoras Elba y Celina, así como los casos de asesinato de personas LGBTI, como Francela Méndez o Tania Vásquez, que aún se encuentran en la impunidad.
“No podemos obviar los casos de periodistas asesinados en los últimos años, también los feminicidios de defensoras de derechos humanos y la impunidad que reina en estos casos, también son responsabilidad del Estado. Desde la Red Salvadoreña de Defensoras hemos documentado, desde el año 2014, treinta casos que van desde la agresión física, intimidación e incluso atentados contra la vida. Por tanto, el llamado a las fórmulas presidenciales a tomar estos casos que permanecen en la impunidad para la búsqueda de la justicia y cimentar un país democrático”, puntualizó.
