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Luis González del equipo técnico de la UNES habla sobre la vulnerabilidad de los pueblos centroamericanos frente al cambio climático. Foto Diario Co Latino/Eduardo Barahona

Organizaciones de Centroamérica advierten lucha abierta por la Justicia Climática

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

La pandemia por COVID-19 dejó a la vista las profundas desigualdades sociales, económicas y culturales de la crisis civilizatoria, es la conclusión que dio Luis González, del equipo coordinador de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES), al exponer sobre los impactos que reciben los pueblos del área centroamericana por la Crisis Climática.

González participó en el  Taller Regional: Reflexión Acción para la Resiliencia Climática Comunitaria en Centroamérica, impulsado por la Unidad Ecológica de El Salvador, junto a otros colectivos de la región que integran el colectivo Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida! Así como plataformas nacionales de incidencia en soberanía alimentaria, agua y gestión del riesgo.

Y agregó: “Esto es consecuencia del Sistema Capitalista, patriarcal y colonialista, en el cual habitamos y que ha venido a golpear con mayor fuerza a los territorios y comunidades más vulnerables”.

Además, el impacto de la pandemia ha sido especialmente fuerte en comunidades con economías locales y con formas de vida dependientes de bienes naturales usurpados.

En el taller se señaló la responsabilidad de los Estados, así como las empresas nacionales o capitales transnacionales que lucran de los bienes naturales de cada país, en detrimento de amplios segmentos de poblaciones del área centroamericana.

Y al retomar la “minería del bitcoin”, propuesta por el presidente Nayib Bukele, González añadió que uno de los mayores impactos ambientales del bitcoin es el soporte técnico y hardware para poder producirlo y mantenerlo, porque utiliza una intensa demanda de energía eléctrica que va más allá, de todo la demanda de equipos de computación.

“Tenemos el tema del enfriamiento como esas computadoras están trabajando 24 horas los 365 días al año, deberá contar con aparatos que van a demandar energía eléctrica. Es por esto, que la mayoría de minería de bitcoin la hacen en países de clima frío como Islandia, Noruega o se debe invertir mucho para enfriar a las computadoras”, añadió.

“Y aquí, el presidente ( Nayib Bukele) al anunciar a los empresarios que pondrá minería de bitcoin, con energía barata con la que produce la GEO, que si bien a nivel teórico es -energía limpia- falta mucho. Porque se puede ir a Berlín y Alegría, y no toda la gente cuenta con agua y para producir vapor se necesita agua para mover las turbinas y producir energía geotérmica”, explicó González.

Asimismo, señaló que las comunidades que viven cerca de esta planta geotérmica, les quitan el agua constantemente y que cuando la GEO, cada año hace limpieza de esos tubos y túneles en donde utilizan una cantidad de químicos que terminan contaminando el aire de las comunidades, entonces, no puede considerarse energía limpia.

“En el verano que se tiene que usar energía de búnker, es decir, energía termoeléctrica, quemar gasolina para mover turbinas y es cara, o comprar energía a Guatemala y Honduras, porque invertir en energía geotérmica en El Salvador no es viable y no es ambientalmente sostenible la minería de bitcoin y se deben pagar facturas muy altas, las empresas que se dedican a esto pagan facturas por el orden de un millón de dólares mensuales, para tener protegidos esos equipos de altas temperaturas”, reiteró. En cuanto a las peticiones de las organizaciones salvadoreñas del Taller Regional, en el rango de los gobiernos locales, Asunción Martínez, en representación de las mujeres, indicó que se pueden aprobar y aplicar “ordenanzas municipales” con un enfoque integral de derechos humanos y sustentabilidad.

“Se deben prohibir las concesiones extractivistas, el uso de semillas transgénicas o prácticas tan demoledoras como las quemas de rastrojos.

Y tomar la decisión de orientar de manera conjunta la producción libre de contaminantes, crear leyes para incentivar la agricultura agroecológica y mejorados mercados locales para su promoción y comercialización”.

Cristina Hernández, en representación del segmento poblacional de la juventud, agregó la importancia de garantizar los derecho que da a la población la “consulta previa libre e informada”, al considerar que es un asidero legal a la participación ciudadana.

“Aquí se debe reconocer jurídicamente a los desplazados climáticos, que se han visto forzados por la falta de condiciones de una vida digna, salir de sus lugares de origen por la grave depredación del medio ambiente a nivel centroamericano”.

“Como juventud, sabemos que cualquier acto de destrucción al medio ambiente tiene un efecto domino en la naturaleza y, por tanto, el ser humano. No queremos más letra muerta de leyes para el control de empresas extractivistas. Se necesita un verdadero rescate de las cuencas hidrográficas y debe existir una política de control de precios de mercado, estimulando a los pequeños agricultores y aprobar la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria”, sostuvo.

Como Pueblos indígenas, Rubén Vásquez reiteró en su pronunciamiento el respeto de los saberes y prácticas ancestrales de la población originaria como Nahuat Pipiles, Lencas y Kakawiras, generando un entorno de inclusión social y honrando convenciones internacionales que garantizan su protagonismo en decisiones de país. “Hacemos un llamado urgente al involucramiento de la sociedad civil frente a los impactos ambientales que se experimentan en la región. Así como, la organización contra toda obra extractiva que despoja, contamina y criminaliza a los y las defensoras de la tierra y la vida”.

Además, “Demandamos la reivindicación de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y que las comunidades puedan desarrollarse en un entorno sin violencia. Y que se apruebe la Convención 169 de la OIT, que garantiza nuestro derecho a la consulta y el Acuerdo de Escazú, que nos permite tener acceso a la información del Gobierno, sobre cualquier proyecto o ley”, manifestó.

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