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La Constitución asigna a la Corte de Cuentas de la República (CCR) la labor de fiscalizar la Hacienda Pública, siendo esta una actividad esencial para garantizar el adecuado uso de los fondos públicos, el combate a la corrupción e impunidad; además, también le asigna la labor jurisdiccional en materia de control de fondos públicos.
Ante la importancia de tener una CCR que cumpla con su rol, y dadas las expectativas de la población por el combate a la corrupción, las asociaciones TRACODA, Acción Ciudadana, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) conformaron una mesa técnica para dar seguimiento al proceso de elección de los nuevos magistrados y al debate legislativo sobre la reforma a la Ley de la Corte de Cuentas.
Para las organizaciones que integran la mesa, este seguimiento es importante, pues los nuevos magistrados serían los encargados de aplicar cualquier reforma legal que se apruebe.
De igual forma, las organizaciones informaron que la mesa técnica recabará y elaborará insumos que serán de utilidad para que la Asamblea Legislativa cuente con elementos técnicos para debatir y aprobar cambios que resulten útiles para las labores de control que la CCR realiza.
En un comunicado de prensa, las organizaciones resaltaron que históricamente “ha sido notorio que la CCR, debido a su falta de independencia, no ha sido capaz de cumplir a cabalidad con su misión constitucional, debido a que en gran medida ha sido instrumentalizada por intereses partidarios”.
El 27 de agosto del presente año terminan su período los actuales magistrados de la CCR, por lo que la Asamblea Legislativa ya inició el proceso de selección de los nuevos magistrados, quienes serán los encargados de dirigir y organizar administrativamente a la Corte, de llevar a cabo la función de auditar el erario público y asumir la Cámara de Segunda Instancia que dirime los juicios de cuentas.
Para las organizaciones es importante el nombramiento de personas idóneas, ya que los juicios de cuentas implican la posibilidad de determinar responsabilidades administrativas y patrimoniales por el abuso en el uso de fondos públicos, a fin de recuperar cifras millonarias que se pierden en actos de corrupción.
Asimismo, las organizaciones instaron al órgano Legislativo a acelerar la discusión sobre el proyecto de ley para reformar la Ley de la Corte de Cuentas, el cual contempla aspectos importantes tales como el fortalecimiento de la labor de auditoría, la modernización del juicio de cuentas, un papel más protagónico de la Fiscalía General de la República, nuevos procedimientos para evitar que los funcionarios se nieguen a ser auditados y otras disposiciones, para evitar zonas exentas de control en el uso de fondos públicos.
En su comunicado de prensa, la mesa técnica pidió públicamente a la CCR que, durante el desarrollo de la emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19), se mantenga activa y vigilante para fiscalizar oportunamente los flujos de fondos públicos que se están usando en las diferentes obras y adquisiciones públicas, y que informe oportunamente a la población de los resultados de los procesos de fiscalización.
