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Por Ramon Sahmkov
Washington/AFP
La Organización de Estados Americanos (OEA) reaccionó este miércoles a la crisis financiera de sus órganos de derechos humanos con preocupación y proponiendo un fondo especial, discount mientras algunos países expresaron críticas y pocos prometieron desembolsar nuevos recursos.
El secretario general de la OEA, buy Luis Almagro, encomendó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a preparar un proyecto de un fondo independiente, abriendo una vía para cortar la dependencia de esos organismos de donaciones imprevisibles.
«Tanto la Comisión como la Corte deben caminar hacia su definitiva independencia y autonomía técnica sustentada en el soporte financiero», dijo Almagro durante un debate en el Consejo Permanente de la OEA, pidiendo a los dos órganos llevar el proyecto a la próxima Asamblea General, del 13 al 15 de junio en Santo Domingo.
El fondo da una «señal muy positiva para zanjar la crisis estructural» de financiamiento de la CIDH, dijo su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez.
Similar al esquema de financiamiento de la Corte de Justicia del Caribe, el fondo independiente para la CIDH y la Corte Interamericana podría alimentarse con una suma inicial o capital «semilla» de los países o a través de un crédito de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, dijo Álvarez.
«Hablemos de efectivo»
La situación financiera de la CIDH se introdujo in extremis en el punto del día del Consejo Permanente de la OEA de este miércoles, en respuesta a la alarma sonada el lunes por el ente de derechos humanos, alertando que suspenderá audiencias y viajes y vislumbra reducir 40% de su personal por falta de recursos.
«Se llegó a una crisis financiera insostenible» que «exige una atención inmediata», advirtió en su presentación el presidente de la CIDH, James Cavallaro.
El problema surge por la acelerada caída de las contribuciones voluntarias, fuente de la mitad de los fondos que requiere la Comisión, con sede en Washington.
Entre 2014 y 2015, las donaciones a la CIDH cayeron de 5,3 millones de dólares a 3,8 millones, especialmente a medida que los países europeos desviaron su atención a la crisis de los refugiados o el conflicto en Siria.
Para 2016, la CIDH solo cuenta con 2,8 millones en donaciones, sin expectativas de que aumente.
«Hablemos de efectivo», exclamó exasperado Cavallaro -saliéndose de su preparado discurso-, al tiempo que decenas de funcionarios de la Comisión le ponían rostro a la crisis, bordeando el extenso salón de reuniones, algunos con pancartas que leían «Salvemos a la CIDH».
Pero Cavallaro también pidió solventar la situación estructural, con un sistema que garantice donaciones por varios años y un aumento del presupuesto regular que la OEA destina a la Comisión.
«Mientras el Consejo de Europa destina el 41% de su presupuesto a la promoción de derechos humanos, la OEA destina el 6% de su presupuesto a la CIDH», se quejó.
De su lado, Almagro reclamó a los países que destinan menos recursos a los organismos hemisféricos en comparación con la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, subrayando que la grave situación de la CIDH más que un asunto financiero es «un hecho político».
«La responsabilidad es nuestra (…). No hemos tenido el arresto anímico ni la hidalguía ética como para financiar nuestro propio sistema interamericano de derechos humanos», afirmó.
México, inusual crítico
En un debate de una hora entre los 34 países miembros, surgieron expresiones de preocupación y determinación de llegar al origen de la crisis actual.
Pero solo unos pocos -Panamá, Costa Rica y Antigua y Barbuda- ofrecieron ayuda financiera inmediata y otros como Canadá ofrecieron examinar opciones.
Esas expresiones dieron a Cavallaro un tímido impulso de optimismo para revertir la crisis: «Sí, creemos que hay posibilidades».
Un inusual crítico, México cuestionó el manejo de la CIDH de sus recursos y asomó incluso mudar el ente – a San José donde delibera la Corte – como una medida de ahorro, reflotando una idea del mandatario ecuatoriano Rafael Correa, un duro detractor del organismo.
«Hay que preguntarse por qué la Comisión ha venido recibiendo de menos en menos recursos financieros (…), por qué algunos han perdido confianza o han dudado de la eficacia o de la eficiencia del sistema», dijo el embajador mexicano Luis Alfonso de Alba.
«Hay que tomar medidas correctivas, que tiene que ver con una mayor transparencia y mayor certidumbre del actuar de la Comisión», añadió.
Estados Unidos, de lejos el mayor contribuyente con 2,4 millones de dólares en 2016, llamó a los demás países a inyectar más dinero a la CIDH.
«Estados Unidos no puede solo arreglar la crisis financiera», dijo su embajadora alterna ante la OEA, Genevieve Libonati.
