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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El presidente de la República tiene en sus manos un decreto legislativo que regula el cuido de la salud y la apertura gradual de la economía, es el DL No. 645. El martes vence el plazo para sancionarlo, observarlo o vetarlo. En actitud caprichosa antes de que se aprobara ofreció vetarlo, pero después manda una iniciativa en la que copia y pega el 80 % de su contenido.
Esa actitud caprichosa del presidente dejó en incertidumbre a media humanidad, algunos abogados caracterizaron el momento como “limbo jurídico”; critican las regulaciones del Ministerio de Salud sin base legal para restringir derechos y garantías constitucionales; el Doctor Fabio Castillo lo llamó “infierno jurídico”.
La Sala conoció demandas de inconstitucionalidad contra los decretos ejecutivos 18 y 19, resolvió mediante medida cautelar dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo No. 18, con los mismos vicios el presidente emitió el No. 19, y con eso demostró que no estaba dispuesto a cumplir el mandato de la Sala de lo Constitucional.
Se aprecia en lo acontecido el uso del tiempo por parte del ejecutivo, actuando en desobediencia e imponiéndole de hecho a la población que cumpla sus mandatos ilegales; esa actuación la acompaña de su campaña de mentira y simulación de diálogo que no es otra cosa que su acelerado esfuerzo por dividir a las fuerzas políticas con representación legislativa.
En vez de ocuparse de atender los problemas de salud, reiteradamente señalados por entidades como el Colegio Médico, universidades y expertos, prioriza su interés político electoral exacerbar la confrontación, maltratar a sus opositores, cultivar miedo en la población y demostrar que con o sin ley que le ampare, está dispuesto a imponerse.
El decreto legislativo -que cuestionó antes de ser aprobado con 63 votos- está en proceso de formación de ley, regula el manejo integral de la pandemia en lo relativo a la salud, al respeto de los derechos humanos, el retorno de los compatriotas y residentes varados en el exterior, el manejo de los centros de contención, y el inicio gradual y protegido de las actividades económicas; también establece la rendición de cuentas sobre el uso de recursos financieros y del apoyo a los sectores vulnerables.
¿Por qué no la sanciona? Sin duda porque le quita lo que ha tenido desde el inicio de la pandemia, la facultad de disponer a su gusto del presupuesto haciendo transferencias y también de comprar y contratar sin observar principios de competencia y transparencia contenidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones.
¿Qué pasará el martes cuando vence el plazo de responder con sanción, observación o veto?, ¿qué dirá el presidente si veta o sanciona? Razones debe expresar. ¿Y cómo justifica su iniciativa con el mismo contenido que critica? Sin duda que en la diferencia está el interés económico del equipo gobernante. Las compras, la ausencia de control, la arbitrariedad para imponer a la ciudadanía las medidas con las que produce sensación de miedo. Miedo al virus y miedo a caer en las manos de los que manejan los centros de contención.
Mientras utiliza la pandemia para sus intereses personales, el pueblo sufre sin transporte, sin dinero, en centros de contención, en países extraños sin que se les permita retornar a su patria con sus familias, con dificultad para ser atendido en sus necesidades de salud, que no son únicamente las del coronavirus; cada día que pasa alguna empresa cierra y lanza al desempleo a hermanos salvadoreños.
En algunos lugares el pueblo sufre también el aprovechamiento de la situación por parte de los grupos delictivos
La Sala exhorta a dialogar en plazo breve, antes del 29 de mayo. A regular el manejo de la pandemia, restituye por ese lapso la ley de emergencia. La mejor manera para el país sería que el presidente termine sancionando el decreto que tiene en sus manos y que da respuesta integral al manejo de la pandemia.
La Asamblea ha manifestado que pide al Ejecutivo trabajar en su sede, ha manifestado considerar observaciones que tenga al DL 645. Ese debe ser el inicio de la solución a la crisis institucional generada por los caprichos del presidente, que además condenan a la gente a seguir en un tipo de cuarentena fuertemente criticado con fundamento profesional y científico.
En el decreto 645 si es sancionado, se iniciarían las respuestas a los tantos problemas de ese desorden o infierno jurídico con el que ha sido manejada la crisis de salud, y agrandada la crisis socioeconómica que daña a la población salvadoreña.
Las autoridades de salud, trabajo, economía, relaciones exteriores, entre otros, tendrían base legal para actuar fuera de caprichos.
