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Nuevos magistrados deben garantizar la institucionalidad del país

Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, que culminaron ayer su periodo de nueve años, hicieron que la institucionalidad del país transitara por la incertidumbre, y enfilaron su acciones, a través de sus sentencias, a satanizar la política y principalmente el pensamiento de izquierda.

Es cierto que hubo sentencias, que aunque dudosas de su apego a la Constitución, como buscar mayor participación democrática en los procesos electorales, hubo otras que pusieron en vilo al país.

Por ejemplo, casi pone en quiebra las finanzas del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, al impedirle obtener un mil 600 millones de dólares ($1600) en once sentencias encaminadas, de forma perversa, malévola, a generar crisis en el Ejecutivo, y por ende, a toda la institucionalidad del país.

En este marco le declararon inconstitucional un decreto que le permitía al Gobierno contraer un préstamo por $900 millones de dólares para afrontar obligaciones como pago de deudas de corto plazo o equilibrar el presupuesto.

Esta broma de los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Rodolfo González le costó al país pérdidas por $50 millones al caer en un impago con el tema de pensiones.

La Sala le declaró inconstitucional el mecanismo que el Gobierno creó para ponerse al día con las pensiones, lo que obligó a aprobar unas reformas al Sistema de Pensiones, con la lógica de la derecha, es decir, aumenta el pago de pensiones a los contribuyentes, lo que generó la consiguiente molestia y que se reflejó en las elecciones pasadas.

Las once sentencias de la Sala en el tema fiscal buscaba el fracaso fiscal del gobierno de Sánchez Cerén, lo que permitió a la derecha demostrarle a la población que este Gobierno era inepto.

Pero la Sala no solo atacó al Ejecutivo, con menos impacto político por la madurez de la clase política lo hizo con la Asamblea Legislativa, al declararle inconstitucional a sus diputados suplentes, sin que nadie se lo pidiera. Y declaró inconstitucional a todos los funcionarios elegidos por la Asamblea, si estos hubiesen reflejado su más mínima simpatía a algún partido político, pero, fundamentalmente se sospechaba que aquellos profesaban la ideología de izquierda o progresista.

Por eso, los magistrados de la CSJ, sobre todo, los que se destinen a la Sala de lo Constitucional, deben garantizar el respeto a la Constitución y la estabilidad institucional.

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