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Justicia al servicio del gran capital

Licenciada Norma Guevara de Ramirios

Entre las últimas actuaciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), está la relacionada a la cancelación de los partidos Cambio Democrático(CD) y Partido Social Demócrata (PSD). La Sala ordena al Tribunal Supremo Electoral cumplir un proceso de cancelación que fue dejado de lado por considerar que ambos partidos tenían representación en concejos municipales en las elecciones de 2015.

Los magistrados tuvieron desde aquel entonces demandas de diverso tipo, el TSE les pedía opinión, los partidos PSD y CD le pedían reconocer la validez de la opinión del Tribunal y Arena les pidió ordenar la cancelación del CD.

Estas demandas debieron ser respondidas al menos seis meses antes de las elecciones de 2018, en la práctica el acuerdo de no cancelación de dichos partidos dejó en pie su registro, y con él, ambos participaron en las elecciones legislativas y municipales incluso en coalición para diputados en tres departamentos y producto de esas coaliciones hay no menos de cinco diputados.

CD obtuvo un diputado en el departamento de San Salvador bajo su bandera sin coalición y de no ser por la aberrante decisión de la Sala de establecer el criterio de sumar los votos de candidatos no partidarios como si fueran un listado de partido, el residuo 24 del departamento de San Salvador correspondería al PSD.

Vive nuestro país una puja entre quienes actuamos para producir un cambio en la política pública de modo de servir a la vida de las mayorías y de aquellas fuerzas políticas, económicas y sociales que trabajan sin descanso por restaurar el neoliberalismo en el país llevando a Arena a la Presidencia y en esa lucha sorda de todos los días el gran capital, la oligarquía salvadoreña ve a estos partidos como riesgo y por eso instrumentaliza a la Sala de lo Constitucional para que realice un juzgamiento tardío, considerando sus conveniencias y no las consecuencias para el proceso democrático y la institucionalidad del país.

El CD había anunciado su voluntad de servir de instrumento a las pretensiones electorales del exalcalde de San Salvador y el PSD sostenía pláticas con el FMLN para construir una coalición que respaldaría a Hugo Martínez; la potenciación del FMLN que es el verdadero contrincante del partido de la oligarquía y el aparecimiento de una tercera candidatura fue vista con temor y ese es el real origen de tan macabra sentencia de la Sala de lo Constitucional.

Es cierto que un párrafo de la sentencia le dice al TSE que tome en cuenta que CD obtuvo un diputado, pero la Sala es consciente que en el TSE existe un alineamiento político luego que ellos con otra medida cautelar dejaron sin un magistrado propietario a ese tribunal.

El principio de pronta y cumplida justicia se aplica para favorecer al bloque de derecha del país por eso hasta sin demandas, o contra lo pedido por demandas esa sala resolvió quitar de una vez 84 diputados suplentes para tener pretexto de quitar 900 millones de dólares de ingreso que el Órgano Ejecutivo emplearía para seguridad y programas sociales. Ahora no les importa que sea fuera de tiempo su resolución ni atropellar al TSE, mandan a clausurar dos partidos de centro izquierda para despejar la cancha a su partido favorito y a su candidato favorito.

Es lamentable, es condenable tal mandato de la Sala, pero lógica con su manera de actuar a lo largo de 9 años, con resoluciones que en su inmensa mayoría están al servicio de los intereses políticos y económicos de la oligarquía. Quitar tributos a las grandes empresas, anular elecciones de segundo grado de la Asamblea cuando los electos son profesionales con independencia de criterio o mal vistos por Arena y sus gremiales; poner dificultades a la prestación de servicios como fue la prohibición de compra directa de medicamentos.

La sentencia de anular a CD y PSD representa un golpe al proceso democrático surgido a partir de los acuerdos de paz, igual que otras en materia electoral en las que se modificó la Constitución. Y la tardanza para resolver indica que no era esa su opinión antes de las elecciones de marzo pasado.

Hoy lo hacen para servir a un partido y a una candidatura, lo hacen días antes de vencerse el plazo para inscribir coaliciones y para tener en firme candidaturas con las cuales competir el 3 de febrero; recuerda la época en la que la dictadura oligárquico militar; solo falta el robo de urnas y encarcelamiento de organismos como los que utilizaron en 1977.

Es hora de reflexionar, de pensar y decidir evitar con la voluntad popular que esta maniobra culmine con el retorno de un gobierno que nos despojó de nuestro patrimonio público.

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