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Emilia Villanueva Martínez, sobreviviente de la masacre de San Gregorio, ocurrida en septiembre de 1980 en Sensuntepeque, Cabañas, pide justicia para miles de víctimas que fueron asesinadas por fuerzas militares y paramilitares. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

“Nos persiguieron y mataron como si fuéramos delincuentes”: Emilia Villanueva

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

El cantón San Gregorio en Sensuntepeque, Cabañas, se asienta entre un grupo de altos cerros que lo aíslan de forma natural y esta condición geográfica utilizó la Fuerza Armada, patrullas cantonales y Escuadrones de la Muerte, para diezmar a la población civil.

Emilia Villanueva Martínez cuenta con 68 años, menuda y de hablar pausado, recordó los momentos más dramáticos de su huida junto a su familia de San Gregorio, allá por septiembre de 1980.

“Cuando salimos corriendo iba sin zapatos, salimos con mi esposo y mis dos hijas a las Aradillas, y luego, a San Carlos. Se me metieron unas espinas en el pie y me costaba correr, así a brincos, corrimos para escondernos. Nos metían aviones y helicópteros para bombardearnos y ametrallando, hasta vimos cuando las balas se metían a la tierra. Me quedé con mis dos hijas. A mi esposo Jerónimo Santos… lo mataron, luego me fui para Honduras con ellas y mis padres”, narró.

Como Emilia, muchos familiares asistieron a la Misa de Conmemoración de la Masacre de San Gregorio, este 28 de octubre, y que Tutela Legal “María Julia Hernández” ha traído a la luz pública, luego de presentar una solicitud de exhumación de 11 víctimas el 24 de marzo de 2009, caso atendido por el juez Segundo de Paz de Sensuntepeque, Cabañas.

Los caseríos La Quesera, La Negrita, El Tablón, Chantecuán, El Centro, el Espinal, el Salitre, el Zapote, San Francisco, y las Delicias son todos caseríos que pertenecen al cantón San Gregorio, Sensuntepeque, Cabañas; estos se convirtieron en un área de fuertes operativos militares entre septiembre de 1980 a 1981, según las investigaciones realizadas por Tutela Legal “María Julia Hernández”, explicó su director Ovidio Mauricio González.

“Aquí incursionó el destacamento Militar 2, esto lo hacían en combinación con patrullas de defensa civil o paramilitares y hasta Escuadrones de la Muerte contra la población civil desarmada, considerándola un objetivo militar capturando, torturándolos y aterrorizándolos, de manera antojadiza. Y así, comenzaron a asesinarlos bajo el argumento que eran población colaboradora de la guerrilla o que no apoyaban a los efectivos militares, cuando toda la población de esta ciudad era civil y desarmada”, reseñó.

Las diligencias judiciales sobre las autopsias y exhumaciones de las once víctimas contó con la participación del reconocido Equipo de Antropología Forense de Argentina, que ha documentado la masacre de El Mozote. Que luego de su trabajo de campo junto a Medicina Legal y la Fiscalía General de la República lograron identificar los restos óseos.

Tutela Legal “María Julia Hernández” contó con el apoyo del padre Juan José Mendoza, quien rindió su testimonio a la organización, para documentar estos hechos de lesa humanidad, que permitió la judicialización del caso que inició con las exhumaciones.

Las víctimas de la Masacre de San Gregorio aún están dispersas, en tumbas improvisadas de parte de los familiares. Así como las familias completas y vecinos que se dispersaron por la cabecera departamental de Sensuntepeque. Otros optaron por cambiar su ubicación departamental y otros se trasladaron a Honduras para salvar sus vidas.

“Sabemos por testimonios que hay víctimas que no pudieron ser enterrados, aunque algunos familiares por las noches lo hicieron para evadir a las autoridades. Lamentablemente, otros fueron asesinados a lo largo del río Lempa donde las aves de rapiña los devoraron. Otros se ahogaron y fueron arrastrados por la corriente  por lo que no se pudieron recuperar. Esto genera que no se tenga un dato completo de las personas o familias asesinadas, porque estos casos no fueron  objeto de una mínima investigación de las autoridades de esa época, pese a que les correspondía, según las leyes existentes del país”, afirmó.

La justicia y las acciones de resarcimiento de daños morales, psicológicos y físicos, agregó el director de Tutela Legal “María Julia Hernández”, pasa por un ejercicio coherente de la Fiscalía General de la República, que en muchos casos de esta índole, su postura ha sido tímida y limitada.

“Hemos pedido al fiscal general de la República (Douglas Meléndez) designar a un fiscal que estimamos necesario, para estar en estas diligencias judiciales, que deben ser certificadas posteriormente y así puedan promover una acción penal. La que hasta el momento estamos esperando, pero seguiremos insistiendo que se promueva. Vamos a estar insistiendo en que se haga, con el resultado de las exhumaciones y el trabajo de laboratorio se pudo identificar a diez víctimas, una no se logró exhumar, pero los restos que se identificaron fueron entregados a sus familiares el 9 de septiembre, y estas familias ya están realizando su duelo como corresponde según nuestras tradiciones. Y sabemos que los responsables fueron los miembros de la extinta Guardia Nacional, grupos paramilitares y el ejército y de ellos los implicados también el Alto Mando de la Fuerza Armada quienes activaron estos operativos contra la población y como sabemos que ellos actúan bajo una cadena de mando y son los que ordenaron a los soldados”, argumentó.

Tutela Legal “María Julia Hernández” espera que la justicia en este caso llegue a todos y sirva para identificar y dignificar a las víctimas que eran personas con un proyecto de vida, que fue truncado, así como la de sus familiares y sobrevivientes. Y para cerrar una página del pasado se necesita la verdad y el respeto desde la institucionalidad.

Raúl Meléndez, de 80 años de edad, los ecos del recuerdo son dolorosos aún, pese a más de tres décadas de lo ocurrido, que le quitó de súbito a su madre, hermana, sobrino y cuñado.

“Ellos vinieron y nos atacaron… yo perdí a mi madre, mi hermana y un sobrino, están enterrados ahora en el panteón, fueron los patrulleros lo que los mataron. Y ahí estaban también, los soldados.

Dios guarde, me siento mal … ellos están aquí, hay uno que es jefe de patrulla que ha quedado en sillas de rueda, pero yo no tengo a nadie y solo quedamos una hermana y yo… , tengo 80 años y soy agricultor, trabajo en lo ajeno en poquito solo para nosotros. Todos los años vengo a la misa… y sigo viniendo pero no me conformo con la muerte de ellos”, manifestó.

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