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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
La ministra de Medio Ambiente Lina Pohl fue enfática en cuanto a la discusión de la Ley General de Aguas, que mantiene una confrontación pública entre organizaciones sociales y ambientalistas y la derecha legislativa y empresarial. “El Estado debe tomar decisiones y hacer repartos de forma integral. Y estas decisiones son políticas, no privadas”, declaró en el conversatorio con periodistas.
La propuesta y discusión de la Ley de Aguas no es una “cortina de humo”. Las organizaciones como iniciaron su lucha desde el año 2006, que luego fue retomada por movimientos sociales en el año 2007. Y en el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declara el agua como derecho humano, y pese a que El Salvador fue uno de los países que apoyó la iniciativa, los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa se han negado a dar sus votos para su ratificación.
El Foro del Agua actualizó su propuesta en el año 2011, le siguió el anteproyecto del MARN, en diálogo con organizaciones, a la que incorporó un nuevo anteproyecto de REGANTES con asesoría de FUSADES, mientras el MARN, MINEC y ANEP realizaron un documento de carácter técnico que no llegó a la comisión de Medio Ambiente. Y culmina con la introducción del proyecto “Ley Integral del Agua”, de la ANEP, que goza del apoyo de la derecha legislativa.
Asimismo, indicó que de contar con una Ley de Agua, ser誕 el avance en seguridad hídrica que comprende calidad y cantidad, así como el control de aguas residuales, reducción de costos en el tratamiento del agua y su disponibilidad para el consumo humano.
“Si ustedes se han fijado, no he hablado de la privatización del agua, porque creo que son dos cosas diferentes, porque esa ley no habla de privatizar los servicios públicos. Es algo más grave, que es poner a los privados (empresarios) a tomar las decisiones, como dijo el cardenal (Gregorio) Rosa Chávez, eso sería privatizar las decisiones”, argumentó. Sobre los servicios privatizados de agua, compartió las experiencias de asocios público-privados de Cuba, Barcelona y Chile, no obstante, amplió que estos países que ostentan este tipo de manejo del agua, tienen a su base la “robustez institucional” que define regulaciones en cuanto a calidad o precios. “Es un tecnicismo de ANEP o de ARENA, al decir que no están privatizando el agua, pero aquí lo que tenemos en discusión es el manejo de las decisiones. Que para mí es más grave”, acotó.
Sobre la postura de las organizaciones ambientalistas y sociales, que demandan que la ANEP salga de la autoridad del agua y no tenga acción en la gestión del recurso hídrico, la ministra Pohl coincidió con el planteamiento.
“En el fondo estoy de acuerdo con las organizaciones sociales, porque no hay ningún país del mundo que tenga a un privado en la autoridad del agua, por eso me cuesta decir que deberían estar allí, pero en un afán de diálogo y restablecer la confianza deberían estar, pero como ahí se toman decisiones difíciles en las autoridades nacionales del agua, entonces son decisiones que se toman como Gobierno, como Estado”, subrayó.
