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Por Leonel Herrera*
El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, ha reiterado la postura de la Iglesia Católica contra la minería y ha insistido en la demanda de derogar la Ley General de Minería Metálica aprobada por los diputados y diputadas oficialistas.
Lo hizo durante la peregrinación de San Óscar Arnulfo Romero, el 1o. de agosto, y luego en la misa solemne en honor al Divino Salvador del Mundo, el 6 de este mismo mes. Antes de esas fechas, lo hizo también en el marco de la conmemoración del martirio de Romero, el 24 de marzo.
En marzo de 2025, la Iglesia Católica entregó a la Asamblea Legislativa una carta con más de 100,000 firmas, solicitando la derogación de la nueva ley minera aprobada por el bukelismo el 23 de diciembre de 2024, en un clásico “madrugón”, al mejor estilo de “los mismos de siempre”: sin ningún debate, sin estudios técnicos, sin escuchar a los expertos y contra la voluntad de la mayoría de la población que rechaza la minería.
La respuesta del gobierno y sus diputados a la entrega de las cartas y a cada pronunciamiento antiminero del arzobispo capitalino o de la Conferencia Episcopal es la misma: el silencio, la indiferencia y el desprecio por la postura ambientalista de la Iglesia Católica.
En lugar de escuchar y atender el llamado a revertir la nefasta ley permisiva de la minería y restablecer la prohibición, el gobierno avanza en la reactivación de esta nociva industria. La Comunidad Santa Marta y organizaciones ambientalistas han denunciado como señal inequívoca de avance del extractivismo minero la firma de un convenio comercial con Estados Unidos que compromete al gobierno salvadoreño a facilitar la llegada de empresas mineras gringas.
También han denunciado la militarización (y reactivación) de la antigua mina San Sebastián, en La Unión, y amenazas de desalojo de comunidades en San Isidro, Cabañas, para abrir paso a proyectos mineros en esa zona.
Por eso es necesario trascender de los pronunciamientos y pasar a acciones más concretas si de verdad queremos salvaguardar el agua, los ecosistemas y la vida de las presentes y futuras generaciones gravemente amenazadas por la minería metálica. Se necesita campaña y movilización ciudadana permanente y creciente.
En tal sentido, la Iglesia Católica podría impulsar procesos de información, concientización y movilización en todas sus parroquias: en las homilías, con sus pastorales, etc. También podría utilizar sus medios, redes y sistemas de comunicación para informar y alertar sobre los peligros mortales de la explotación minera, como lo estaría haciendo Monseñor Romero.
Para detener la minería no basta rezar. Es decir, no basta pronunciarse cada 24 de marzo y cada 6 de agosto, ni siquiera cada domingo en la misa de Catedral Metropolitana. Se requiere una actitud más incisiva y acciones más determinantes.
Ojalá que así sea.
Post data: La Iglesia también podría retomar la propuesta del padre Juan Vicente Chopín de excomulgar a los diputados y diputadas que votaron por la actual ley minera, por contrariar el mandato católico de no permitir la minería y por no defender la vida, la creación, la Casa Común.
*Periodista y activista ambiental.
