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Por Leonel Herrera*
El presidente Nayib Bukele no solo ha sido el mayor destructor de la incipiente institucionalidad democrática del país, sino que también su gobierno es el principal depredador ambiental y, por tanto, la mayor amenaza para el agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida en El Salvador.
La perspectiva autocrática, actitud autoritaria y ansias de perpetuarse en el poder llevaron a Bukele a liquidar la insuficiente separación de poderes, independencia judicial, transparencia y rendición de cuentas; y el sesgo anti ecológico de su visión del desarrollo y la búsqueda de acumulación de riqueza que permita a su clan familiar convertirse en grupo oligárquico, lo empujan a una arremetida brutal contra el medioambiente.
El último y más peligroso episodio de esta ofensiva anti ecológica es la intención de revertir la prohibición de la minería metálica lograda mediante una ley aprobada en marzo de 2017 después de un largo debate y un amplio consenso nacional sobre la inviabilidad de esta nociva industria extractiva en el país, debido a la estrechez territorial, alta densidad poblacional, grave deterioro de los recursos hídricos y porque los proyectos mineros se ubicarían sobre la cuenca del Río Lempa.
Desde que tomó el poder, el “presidente milenial” no mostró ningún interés ecológico y todas sus acciones (y omisiones) han ido en sentido contrario de la protección ambiental. Así, por ejemplo, Bukele se negó a firmar el Acuerdo de Escazú, porque para él este importante tratado sobre información, transparencia y justicia ambiental “sería un obstáculo para el desarrollo”.
Con esa misma lógica, la bancada oficialista aprobó una Ley de Recursos Hídricos que no incorporó las propuestas de las organizaciones ambientalistas, cerró las puertas a la participación ciudadana y abre el camino hacia la privatización del vital líquido, aun cuando su texto incluyó algunos términos bonitos como “derecho humano” o “servicio público”. De hecho, la normativa ha agilizado más permisos de explotación privada del agua.
Consecuentes con la vocación anti ambiental del gobierno, los diputado bukelistas mandaron al basurero leyes como la que plantea prohibir los agro tóxicos causantes de la mortífera insuficiencia renal, la de soberanía alimentaria que busca promover la agro ecología y otras normativas presentadas por organizaciones ecologistas; al mismo tiempo que aprobaban una ley de desalojos para viabilizar proyectos que podrán dañar ecosistemas.
La administración Bukele tampoco quiso detener el proyecto urbanístico “Valle El Ángel”, construido por la oligárquica familia Dueñas, a pesar de estar ubicado en una zona de riesgo de deslaves y amenazar la existencia del manto acuífero de Nejapa, de donde proviene la mitad del agua para el Área Metropolitana de San Salvador (La otra mitad procede del Río Lempa, cada día más contaminado y ahora amenazado por la minería metálica).
El ministerio responsable de la protección medioambiental es un ágil y eficiente tramitador de permisos para proyectos depredadores de los ecosistemas. Recientemente, el ministro Fernando López criticó a gobiernos anteriores porque éstos “creían que defendían el medioambiente negando o retrasando los permisos”. La acelerada depredación urbanística en zonas como la Cordillera El Bálsamo y el Volcán de San Salvador confirman la ideología anti ecológica del bukelismo.
El pasado 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, y las organizaciones sociales exigieron proteger el agua y el medioambiente, mantener la prohibición de la minería y liberar a los líderes de Santa Marta y ADES detenidos por ser ambientalistas y por oponerse a la tenebrosa minería metálica en el departamento de Cabañas.
Para el régimen de Nayib Bukele y sus hermanos, dicha conmemoración pasó desapercibida. Lo mismo sucedió con el Día Mundial del Agua el pasado 22 de Marzo, el Día Nacional del Río Lempa el 14 del mismo mes y otras fechas relacionadas con la protección ambiental. Esta indiferencia gubernamental frente a las conmemoraciones ambientalistas busca sacar del imaginario colectivo la idea de cuidar los bienes naturales: construir un sentido común anti ecológico para que nadie cuestione la destrucción ambiental.
*Periodista y activista social.
