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Por Ernesto Ramírez
San José/dpa
El flagelo del narcotráfico, la urgencia de coordinar estrategias conjuntas para enfrentarlo, así como el problema de la inmigración, afloraron hoy como los temas que desvelan a los ocho países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuyos mandatarios se reunieron en Costa Rica.
La mención al tráfico de drogas y la inseguridad fueron el denominador común de los discursos pronunciados por los presidentes, jefes de Estado o sus representantes de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, es decir, los miembros del sistema de diálogo, concertación y cooperación.
De hecho, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, cuyo país recibió del anfitrión de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, la presidencia pro-témpore de la instancia, dijo que la «seguridad» será una de las prioridades durante el semestre que ejercerá el cargo, que arrancará oficialmente a partir del 1 de julio.
El incremento de la producción de drogas en Sudamérica, con la región centroamericana oficiando de puente predilecto para el traslado ilegal hacia Estados Unidos y Europa, fueron preocupaciones expresadas tanto por Varela, como por Solís.
También se expresaron en la misma línea el coronel Omar Hallesleven, representante del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega; Juan Orlando Hernández, de Honduras; Jimmy Morales, de Guatemala, Danilo Medina, de República Dominicana; y el canciller Wilfred Elrington, por Belice.
El mandatario hondureño fue categórico al plantear las consecuencias del narcotráfico, cuyos cárteles, según las autoridades del área, transportan clandestinamente más de 700 toneladas métricas de droga, especialmente cocaína, por la región al año, sin tomar en cuenta lo que se canaliza hacia los mercados locales.
Para Hernández, la penetración del narcotráfico y la violencia que ha desencadenado en su país «es la mayor tragedia causada por ese flagelo» en la historia hondureña.
«El costo es enorme», dijo, tras apelar a los otros países de la región y a naciones como México y Estados Unidos a asumir una «responsabilidad diferenciada pero compartida» para enfrentar el problema del narcotráfico y apoyar las acciones coordinadas de seguridad que adopte la región.
«Sin seguridad no hay economía sostenida», advirtió.
Para el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, cuyo país se encuentra entre las naciones más inseguras del mundo, combatir el tráfico de drogas y los cárteles es también una forma de asegurar la zona del SICA, con unos 70 millones de habitantes, como «una región de paz, libertad, democracia y desarrollo».
El tema de las inmigración, con oleadas de ciudadanos cubanos, haitianos, africanos y asiáticos, ha puesto en los últimos años en vilo a las naciones del área, especialmente Costa Rica. Esta fue otra de las grandes preocupaciones expresadas durante la cumbre, que concluyó esta tarde en la capital costarricense.
El tema fue mencionado, entre otros, por Panamá, cuya frontera con Colombia es un puente de entrada para inmigrantes ilegales que intentan llegar a Estados Unidos en busca del «sueño americano». También hicieron referencia a esta problemática, Nicaragua, que desde 2016 mantiene cerrada su frontera al paso de estas personas, Honduras, Guatemala y Belice.
Las políticas migratorias duras que se apresta a aplicar la administración de Donald Trump en Estados Unidos también desvelan a estas naciones del SICA, miles de cuyos ciudadanos viven en Estados Unidos y constituyen una importante fuente de divisas mediante el envío de remesas.
Costa Rica tuvo que hacer frente, entre finales de 2015, 2016 y parte de este año, al paso de al menos 30.000 inmigrantes. Una crisis inicial la condujo incluso a retirarse temporalmente del sistema por algunos meses, tras alegar falta de solidaridad de la zona.
La cumbre concluyó con la emisión de una declaración política de 12 puntos, en los que se aboga, entre otras cosas, por el fortalecimiento, agilización y vigorización del SICA, una región que también tiene otros grandes desafíos, como la lucha contra la pobreza que afecta a casi un 60 por ciento de su población, la generación de empleos, infraestructura, y la búsqueda de estrategias conjuntas e «inteligentes» para encarar retos como la globalización, la protección de recursos naturales y la adopción de acciones frente al cambio climático.
