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En El Salvador, el desplazamiento forzado interno se presenta como una consecuencia directa de hechos de violencia contra la población LGBTI. La organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS) presentó el segundo informe sobre Desplazamiento Forzado Interno de la Población LGBTI en El Salvador. El informe titulado “Huir y sobrevivir: una mirada a la situación en El Salvador de las personas LGBTI desplazadas internas y los riesgos que enfrentan” recopila 84 casos de personas LGBTI, 90 % de los casos corresponde a desplazamiento forzado interno y el 10 % a personas deportadas con necesidades de protección. Las mujeres trans encabezan la población afectada con el 45 % de los casos atendidos, seguido del 31 % de hombres gays, 11 % de mujeres lesbianas y el 6 % de hombres trans.
Los datos presentados pertenecen al periodo de enero a diciembre de 2019. Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas definen a las personas desplazadas internas como personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, para evitar los efectos de un conflicto armado o como resultado de este, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por los seres humanos y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
De acuerdo con la información del informe, el 49 % de las víctimas no interpusieron denuncia ante las autoridades de Estado, las principales razones expuestas fueron desconfianza en las instituciones públicas y temor a represalias contra familiares o contra ellas mismas, en algunos casos porque los agresores eran cuerpos de seguridad.
Asimismo, el informe indica que la violencia generalizada provocada por pandillas a nivel nacional es la principal causa de desplazamiento forzado interno para la población LGBTI.
“Las pandillas rigen su accionar sobre la base del sistema heteropatriarcal; por ende, su rechazo a cualquier identidad de género o preferencia sexual fuera del binomio heterosexual, y que pretenden imponer a las víctimas por medio de la violencia”, sostiene el informe presentado por COMCAVIS TRANS.
Otro responsable principal es la Policía Nacional Civil, que ejerce violencia originada por la discriminación, intolerancia y estigmatización contra la población LGBTI, este grupo perpetrador es una constante anual, en comparación a datos registrados en 2018, estos casos aumentaron en 4 % para el 2019.
Ante esta realidad, el desplazamiento forzado interno se presenta como una consecuencia directa de hechos de violencia; es decir, no es un hecho generador, sino un efecto directo de agresiones, amenazas u otras formas de persecución y violencia contra la población LGBTI.
Por lo que COMCAVIS TRANS planteó que el Estado debe garantizar soluciones duraderas e integrales a favor de las víctimas LGBTI, que propicien el acceso al empleo y autoempleo, con énfasis en la prevención de mecanismos negativos de supervivencia y generación de medios de vida como el trabajo sexual.
